El presidente Mauricio Macri fue hoy sobreseído por el juez federal Sebastián apodado “Tortuga” Casanello, en la causa en la que estaba procesado por escuchas telefónicas ilegales cuando era jefe de Gobierno porteño. El fallo, que fue firmado esta mañana, hace hincapié en que “la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor de que hubiera gozado” el ex jefe de gobierno, hoy presidente de la Nación.

Ahora, los querellantes que habían pedido el juicio de Macri pueden apelar ante la Cámara Federal la resolución de Casanello.

En otra causa paralela, la Justicia también cerró una causa contra Macri por lesiones y agresiones a indigentes: la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó un recurso de queja de la querella en la causa contra la disuelta Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) y benefició al ahora presidente y al ex ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo. Se trata de los dos expedientes en los que Macri estaba imputado antes de convertirse en presidente.

La más conocida y de mayor repercusión fue el expediente por las escuchas que se habrían realizado desde la estructura de gobierno porteño, con ordenes judiciales, para -supuestamente- hacer tareas de espionaje a personas puntuales.
El juez Norberto Oyarbide, que motorizó la investigación, procesó a Macri y luego el expediente pasó a manos de Casanello que, el año pasado, al elevar la causa a juicio apartó al entonces jefe de Estado de esa lista porque entendió que le faltaban pruebas.

Tras enviar a juicio al resto de los imputados -entre ellos su ex ministro de Educación Mariano Narodowsky, y el ex policía Jorge “Fino” Palacios- Casanello ordenó nuevas medidas de prueba para cerrar la investigación.

“Las medidas producidas una vez reabierta la etapa de instrucción ratificaron la ausencia de prueba de cargo contra Macri, de donde se sigue la ausencia de responsabilidad penal pues lo afirmado hasta aquí, no sólo lo ubica en una situación de ajenidad respecto de tal o cual intromisión telefónica, sino que también lo aleja del armado de una empresa ilegal de espionaje dentro de su gobierno”, escribió Casanello.

Las dos pruebas que ordenó Casanello estaban relacionadas con la empresa estadounidense Ackerman, por el presunto espionaje al cuñado de Macri, Daniel Leonardo, y la declaración del ex ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro, por la designación del “Fino” Palacios.

“Emanuel Ackerman manifestó ante escribano público que ´los servicios de Ackerman no fueron contratados por el Sr. Mauricio Macri´ y que ´Ackerman jamás prestó servicio alguno para Mauricio Macri ni Ackerman jamás recibió compensación alguna de Mauricio Macri”, argumentaron los abogados del presidente.

En otro orden, el juez Casanello valoró los testimonios de Montenegro y del ex jefe de la Policía Federal Adrián Pelacchi, quienes explicaron que Macri “no había seleccionado antojadiza y unilateralmente a Palacios al frente de la Policía Metropolitana, ni había tenido injerencia en los nombramientos de los aspirantes -tal el caso de Ciro James-, lo que lo ubica en una situación de ajenidad respecto de la presunta existencia de una empresa criminal montada en el seno de su gobierno”.

“Ninguna de las acusaciones -ni la pública ni las privadas- especificaba siquiera una prueba directa para sostener que Macri había requerido u ordenado espiar a Néstor Leonardo y a Sergio Burstein. Tampoco existía prueba directa para adjudicarle formar parte de una asociación ilícita dedicada al espionaje clandestino”, sostuvo Casanello.

Leonardo y Burstein, en su rol de querellantes, pueden intentar revocar esta decisión en la Sala I de la Cámara Federal, pero el fiscal Jorge Di Lello había opinado que darse por terminada la acusación contra Macri.