“El 98 por ciento de los 12.000 despedidos en este mes son trabajadores contratados precarizados. Y esto recién está empezando. Quien piense que puede haber 12.000 ñoquis en tres o cuatro dependencias del Estado se equivoca”, afirmó Yasky.

Apuntó el gremialista que por “una cuestión de principios” ni él ni la CTA de los Trabajadores “no defendería jamás a un ñoqui”, pero aclaró que lo que no se puede hacer “es usar ese pretexto para achicar la planta de personal y extender la ola de despidos”.

Indicó también que en cada lugar donde hay despidos ya se pusieron en marcha planes de lucha y la CTA se contactará con la Confederación Sindical de las Américas para pedir que constituya una misión especial en la Argentina para analizar estos despidos.

Y por otro lado, la CTA está preparando una denuncia que será presentada en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para intentar “enmendar esta injusticia que se está produciendo” con miles de trabajadores estatales.

La ola de despidos se está produciendo en distintos niveles del Estado Nacional, en las provincias y en algunos municipios y según Yasky las medidas que se tomaron “son absolutamente injustas y agraviantes para los trabajadores”.

“Se intenta demonizar al trabajador estatal como si ya por ser empleado público está bajo la sospecha de ser ñoqui y si es contratado, más. Se intenta confundir a la opinión pública entre el contratado y el ñoqui”, se quejó.

Sostuvo además que en la Justicia siempre se parte del principio de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero -dijo- en el caso de los trabajadores del Estado es al revés: “Todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Ese es el criterio del Gobierno”.

Yasky planteó esa hipótesis al considerar que ese es el criterio del Gobierno de Mauricio Macri, que echó por ejemplo a 600 de los 700 empleados del Centro Cultural Kirchner sin antes realizar una auditoria.

Ahora, el jefe de la CTA dijo que está en plena lucha para que la gestión macrista habilite una comisión de revisión de los casos para ver si los que ya fueron despedidos trabajaban o si en realidad eran ñoquis.

“Entonces me parece que no corresponde el procedimiento porque es de una brutalidad inadmisible: tiran la perdigonada y una vez que están en el piso van a buscar los documentos para ver quiénes son”, evaluó en declaraciones a Radio Con Vos.

Yasky consideró que la precarización de los trabajadores del Estado con contratos de muy corto plazo, sin estabilidad laboral y triangulaciones en los pagos son una problemática que responde a la Ley de Emergencia Económica aún vigente que los legitima.