La dirigente fue detenida al mediodía en su domicilio de San Salvador de Jujuy durante un operativo policial librado en su vivienda, en el marco de una causa donde se la acusa de “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real”.

La detención ocurrió por orden del juez de Control en feria Raúl Eduardo Gutiérrez en base a la imputación generada por una denuncia del ejecutivo provincial, a raíz del acampe de protesta que lleva adelante la Red de Organizaciones Sociales desde hace unos 33 días.

La dirigente se encontraba en el acampe cuando se enteró de la situación, por lo que se trasladó a su casa, en el barrio Cuyaya de la capital provincial, donde se encontró con la fuerte presencia de personal de policía de la provincia, que la detuvo y la trasladó a la Comisaría de la Mujer local, según se indicaron fuentes judiciales.

En relación a la resolución de la detención, el abogado de la dirigente, Luis Paz, afirmó que se asienta “en los 33 días de acampe, declaraciones de testigos, de policías, filmaciones y un informe del gobernador”.

Sobre la posibilidad de producirse un levantamiento del acampe, Paz refirió: “Vamos a continuar con esta medida porque estamos convencidos de que es un derecho constitucional que lo vamos a seguir ejerciendo hasta que el gobernador nos reciba”.

Además de la denuncia contra Milagro y otros dos dirigentes, Morales firmó esta semana un decreto a través del cual ordenó la suspensión de la personería jurídica y el quite de todo beneficio social para toda aquella organización que continuará con la medida de protesta a partir de las 0 horas del jueves pasado.

Desde el mediodía se registra un inusual movimiento y permanencia de personal de policía de la provincia en los alrededores de la plaza donde se encuentra el acampe, mientras que los integrantes de las organizaciones permanecen en el lugar y en alerta por su referente y la misma inició una huelga de hambre, según confirmaron allegados a Sala.

A raíz de la detención, dirigentes del kirchnerismo como Aníbal Fernández y Daniel Filmus, entre otros, criticaron el arresto al que consideraron “represión” y lo enmarcaron en una supuesta “criminalización de la protesta social”.