El fiscal coordinador de Distrito, Daniel Adler, requirió al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) la implementación de “un mecanismo ágil que permita detectar los olores nauseabundos en el momento de su impacto y se disponga en forma inmediata las medidas administrativas necesarias para hacerlo cesar”.

El expediente se conformó luego de una presentación realizada ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación por representantes de la Defensoría del Pueblo del Municipio, a la que se sumaron testimonios de vecinos de la zona, que sufren la afectación cotidiana de los olores.

En este marco, Adler –junto a parte de su equipo de trabajo- se reunió este viernes con diputados provinciales de la ciudad para ponerlos en conocimiento de esta medida y poder trabajar articuladamente en la resolución de esta problemática.

Durante el encuentro, dio cuenta de la actuación que se viene desarrollando desde la Justicia al respecto. De hecho, en abril del 2015 el propio fiscal general había denunciado penalmente a las harineras por posible contaminación ambiental y la consecuente afectación de salud de la población por parte de los propietarios de las fábricas.

Ahora, ante las presentaciones recibidas en sede del Ministerio Público, y “la continuidad de los olores nauseabundos y venteo de gases que serían producidos por las fábricas de harina de pescado” resolvió no sólo pedir la fiscalización ágil de la OPDS para poder determinar el motivo de esta problemática, sino también le solicitó a Prefectura Naval Argentina que remita copia de las actas labradas por denuncias de vecinos vinculadas al tema.

En la reunión, Adler planteó que tanto la denuncia penal presentada el año pasado como las causas conexas vinculadas al tema ambiental en el Puerto de Mar del Plata, están en trámite ante la Cámara Federal de Apelaciones. Y dijo también, que más allá de la cuestión de competencia que allí se dirime y que fue materia de apelación por parte de los dueños de las empresas, “el Ministerio Público Fiscal no puede dejar de actuar si esta situación persiste”.

Los diputados presentes, y aquellos que no pudieron concurrir pero se pusieron en contacto con el fiscal, coincidieron en que es necesario trabajar de manera articulada, gestionar la efectiva fiscalización del Estado, para evitar no sólo los posibles daños ambientales, sino también preservar la salud psíquica de los vecinos que desde hace décadas conviven con estos olores nauseabundos, y al mismo tiempo salvaguardar el desarrollo turístico de la ciudad, conformando una mesa permanente de trabajo.