La creación y puesta en funcionamiento de este programa está destinado a todos aquellos jóvenes (niños) de entre 16 y 18 años de edad (franja etaria que en determinadas circunstancias, y en consideración a las particularidades de cada caso, por disposición del órgano judicial competente podrá extenderse hasta los 21 años) que se encuentren privados de su libertad y alojados en los distintos Institutos y Establecimientos de Menores dependientes de la Dirección Provincial Tutelar, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires; ya sea en Centro de recepción, Centros de contención y Centros cerrados, implementándose como una experiencia piloto.

Se trata de un programa de carácter voluntario, por lo cual el menor deberá manifestar su intención de participar en el mismo mediante un acta de voluntariedad y compromiso, además de cumplir con una serie de requisitos establecidos en el proyecto de ley en cuestión. Estos son: haber completado el nivel primario de educación formal obligatoria; un informe de concepto positivo de conducta por parte del equipo técnico (psicólogo y asistente social) del Centro de menores, quienes dictaminarán sobre el comportamiento, nivel de conducta, y capacidad de compromiso del menor dentro del mismo; la previa realización de algún tipo de trabajo y/o actividad de capacitación laboral de carácter intra-muro y, en este caso, que dicha actividad haya sido realizada positivamente.

El programa de capacitación laboral y empleo pretende ayudar a todos aquellos “niños” que hayan delinquido y se encuentren privados de su libertad (tanto condenados como procesados) con el fin de contribuir a su efectiva resocialización, una vez cumplida su estadía dentro del establecimiento penitenciario.

De acuerdo a las palabras del Senador Patricio Hogan, autor del proyecto, “esto constituye una real medida de integración social, ya que inculca al menor distintas herramientas de tipo laboral que permitirán al mismo contar con una ideal capacitación para ingresar al mundo laboral una vez en libertad”. Asimismo, destacó que “será necesaria también la incorporación de valores fundamentales que hacen a la dignidad de la persona humana y el respeto por el resto de la sociedad, lo que fomentará y facilitará su futura integración a la comunidad, creando o fortaleciendo hábitos de trabajo”.

En cuanto a su procedimiento, el menor podrá obtener su autorización de salida transitoria para participar del programa mediante la elaboración de un acta de voluntariedad del equipo técnico del Instituto de Menores, quien tendrá a su cargo la tarea de establecer el perfil laboral de los internos, sus potencialidades, orientación. Este documento deberá ser presentado ante el juzgado o tribunal competente, manifestando su intencionalidad y compromiso con el plan de capacitación laboral y empleo, en los plazos y formas que establezca la ley reglamentaria; la autorización del padre, madre, o tutor del “niño”; o la Diligenciamiento del acta de voluntariedad al juez competente -quien haya impuesto la medida de privación de libertad- previa vista al defensor del menor.

Otro punto de trascendencia del proyecto de ley, es el establecimiento de un sistema de seguimiento y análisis que permita medir y monitorear la situación y el rendimiento de los beneficiarios del programa fuera del instituto penitenciario, en su ámbito familiar, social, y laboral.

“Se busca con esto devolver a la vida en libertad mejores personas, sin cambiarlas, sino buscando y potenciando lo mejor de sí y ayudándole a incorporar valores que hacen al respeto por la vida humana y las relaciones en sociedad”, concluyó el legislador del Frente Renovador.