Sturzenegger y Bonadio fueron denunciados por un grupo de diputados kirchneristas por convalidar las operaciones con las divisas. Formalmente, están acusados por los delitos de defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, prevaricato, estafa procesal y privación ilegal de la libertad.

En este marco, este miércoles, Di Lello requirió al juez federal Sergio Torres abrir la investigación contra de los funcionarios, teniendo en cuenta que hay sospechas y motivos suficientes para indagar sobre los hechos denunciados.

La denuncia fue firmada por los diputados Héctor Recalde, Juliana Di Tullio, Nilda Garré, Diana Conti, Teresa García,Carlos Kunkel, Luis Cigogna, Carlos Moreno, Marcos Cleri y Rodolfo Tailhade. Los legisladores pidieron a Torres que investigue si ambos denunciados incurrieron "en defraudación por administración infiel en perjuicio de la administración pública al haberse modificado las condiciones en que fueron celebrados los contratos denominados de dólares a futuro en perjuicio de los intereses estatales y en favor de particulares".

También señalaron que Bonadio cometió "prevaricato, al dictar resoluciones contrarias a la ley y fundadas en hechos falsos" e incurrió en "tentativa de estafa procesal y de privación ilegal de la libertad mediante la alteración de la base fáctica de la causa con el propósito de dar sustento a medidas cautelares restrictivas de la libertad".

Los diputados argumentaron que el pago de los contratos de dólares a futuro fue realizado por la actual conducción del Banco Central y autorizados por el propio Bonadio luego de la devaluación llevada adelante por el Gobierno de Cambiemos, tras la renuncia de Alejandro Vanoli.

En la indagatoria de Cristina de Kirchner y otros implicados, como el exministro de Economía Axel Kicillof, se denunció que la actual gestión del Banco Central fue responsable de las pérdidas generadas por las operatorias de venta de dólar a futuro a raíz de una "mega devaluación" llevada a cabo a partir del 10 de diciembre pasado cuando Macri asumió como Presidente de la Nación.

En la causa contra Sturzenegger y Bonadio, la exmandataria solicitó ser querellante. Todavía no se sabe si Torres impulsará la pesquisa, y si en ese caso, aceptará el pedido de Cristina.