El fiscal federal Carlos Rívolo imputó también a los empresarios Lázaro Báez (detenido en una causa por presunto lavado de activos) y a Cristobal López (investigado por una millonaria deuda con la AFIP), a quienes acusó de materializar el pago través de alquileres de propiedades administradas por la empresa de la ex familia presidencial.

La ex presidenta y su hijo Máximo Kirchner ya se encuentran imputados en la causa, pero por el presunto “enriquecimiento ilícito”, por lo que el fiscal pidió que se investigue si los alquileres investigados seguían vigentes cuando Máximo Kirchner asumió como diputado nacional y en base a esa información analizaría si imputarlo por cohecho, indicaron a Télam fuentes judiciales.

Rívolo amplió el requerimiento de investigación en base a una ampliación de denuncia presentada el viernes pasado por la diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer, y elevó el dictamen al juez que interviene en la causa, Claudio Bonadio, indicaron fuentes judiciales.

La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, investiga los negocios inmobiliarios de la ex familia presidencial a través de una firma de su propiedad denominada Los Sauces S.A. que administraba distintas propiedades.

De acuerdo a la investigación judicial, los principales inquilinos de los inmuebles administrados por la sociedad Los Sauces serían los empresarios Báez y López, quien además se encuentra imputado en otra causa relacionada con una millonaria deuda impositiva que algunas de sus empresas mantienen con la AFIP.

En la causa se investigan las transacciones realizadas entre la firma Los Sauces SA y las empresas Kank & Costilla, Loscalzo y Valle Mitre de Lázaro Báez; y Alcalis de la Patagonia e Inversora M&S, de Cristóbal López.

Cuando amplió su denuncia, en calidad de Amicus Curiae (amiga del tribunal), la diputada Stolbizer afirmó que "Cristina Fernández de Kirchner recibía dinero mediante un acuerdo que tenía la apariencia de un vínculo comercial pero encubría una promesa, en su condición de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles por parte del Estado”.

“Hablamos de un acuerdo que consistía en la entrega continua de dinero por parte de un tercero (Lázaro Báez a través de sus empresas) a un funcionario público (la presidenta de la Nación a través de sus empresas) a fin de lograr que realice una determinada actividad (otorgar obra pública) u omisión funcional (carencia de control por parte de organismos públicos que debían hacerlo)”, sostuvo.

"¿Cómo funcionaba ese acuerdo? En primer lugar y de acuerdo a un informe de la Unidad de Auditoria Interna de Vialidad Nacional que acompaño, Lázaro Báez fue beneficiado con una enorme cantidad de obras públicas. Sus empresas obtuvieron el 80 por ciento de las licitaciones en obras de la provincia de Santa Cruz durante la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo Stolbizer.

El mismo día de la ampliación de la denuncia de Stolbizer, el juez federal Bonadio había ordenado allanar los consorcios que administran departamentos propiedad de Los Sauces en Puerto Madero y Constitución en busca de constancias de pago y otra documentación en la parte de la causa que investiga ya el supuesto enriquecimiento ilícito.

Los que pretendía el magistrado era poder determinar con precisión quienes eran los inquilinos y qué monto pagaban por usufructuar los inmuebles administrados por la firma pertenenciente a la otrora familia presidencial.

El martes el abogado defensor de la ex presidenta, Carlos Beraldi, presentó en los tribunales federales de Comodoro Py un pedido para que “por conexidad” la causa “Los Sauces” pasara a manos del magistrado Julián Ercolini quien lleva adelante la investigación conocida como Hotesur.

El juez Bonadio recibió el pedido de la defensa y corrió vista a las partes para que den su opinión antes de resolver sobre este planteo del abogado Beraldi.