El funcionamiento de la Unidad Penitenciaria N°15 de Batán (UP15), en el partido de General Pueyrredon, es realmente deficiente y requiere de nuestra mayor atención. Considero que los niveles más altos del gobierno provincial deben adoptar medidas urgentes e impostergables para cambiar el rumbo actual del servicio porque presenta graves fallas en las condiciones de detención de los internos, la asistencia sanitaria y la seguridad.

En reiteradas ocasiones, y por motivos diversos, manifesté de modo público mi preocupación por el funcionamiento del Servicio Penitenciario Provincial. Tanto en el nivel de los adultos como en el que le corresponde a los menores. En tal sentido, en abril pasado coordiné con las autoridades del penal una visita personal para observar “in situ” el estado de la unidad, el de los detenidos y el del personal que trabaja en el establecimiento. La visita aún está pendiente.

Además hice propuestas concretas para enfocar al mismo tiempo el conflicto y la solución. Hace pocos meses elaboré un proyecto de Ley para promover la reinserción social de los menores institucionalizados. Propuse crear un programa de capacitación laboral y empleo destinado a jóvenes de 16 a 18 años que estén privados de la libertad y alojados en los establecimientos dependientes de la Dirección Provincial Tutelar. El programa busca dar una respuesta concreta a la necesidad de dotarlos de herramientas eficaces para su reintegración social, la recuperación plena de la dignidad humana y el respeto por los valores sociales.

En el mismo sentido, hace dos semanas atrás presenté un pedido dirigido al Ministerio de Justicia bonaerense para que informe a la Cámara de Senadores sobre las circunstancias relacionadas con el asesinato de un interno en el Pabellón 14 de Mediana Seguridad de la Unidad Penitenciaria de Batán. Se trató de un hecho de extrema gravedad que debe ser esclarecido de modo amplio y transparente.

Debemos recordar que las deficiencias del Servicio Penitenciario permitieron que en abril pasado se fugaran cuatro reclusos de la UP15, y que en esos mismos días escaparan dos menores que estaban alojados en el Centro que funciona en Batán junto a la cárcel. Por otro lado, esta semana se conoció que desde 2014 se tramita una causa en la Justicia porque un interno atacó e intentó violar a una radióloga en el interior de una oficina de la UP15.

Este conjunto de hechos gravísimos nos exige responsabilidad política a la hora de proponer soluciones concretas que permitan reformular de modo sustancial el deficiente servicio que actualmente presta el sistema penitenciario en la Provincia de Buenos Aires.

Es imprescindible que los miembros de la legislatura, el Poder Ejecutivo y la Justicia provincial sumemos esfuerzos para detectar las fallas del sistema, reformar sus aspectos deficientes y optimizar la administración de los recursos que permitan mejorar la gestión de los servicios y las instituciones gubernamentales.

La sociedad está demandándonos gestos de responsabilidad y sensatez a quienes tenemos el compromiso insoslayable de representarla. Debemos actuar en consecuencia, sin demoras mezquinas ni especulaciones políticas.