Estos fallos se suman a otras medidas similares tomadas en las provincias de Santa Cruz y Chubut, en ambos casos contrarios a los aumentos en la tarifa de gas.

“En la medida en que se vayan notificando debidamente, está la decisión de apelar todas las medidas judiciales contrarias a los incrementos de tarifas de gas y de luz”, dijo una fuente oficial a Télam.

En las oficinas gubernamentales hasta esta noche sólo se había recibido la notificación de uno de los fallos -el dispuesto por la Justifica Federal de San Martín- sobre un total de entre cuatro y ocho amparos conocidos, pero “más allá de los fundamentos de cada caso la decisión es apelar hasta donde lleguen las instancias y defender ante la justicia las razones que obligan a aplicar los incrementos tarifarios”, explicó la fuente.

Entre los puntos comunes que el Gobierno va tomando nota de los amparos, se menciona la aplicación de los magistrados del Artículo 42 de la Constitución Nacional referido a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos de consumidores y usuarios, así como el cuestionamiento por la falta de audiencias públicas pata la definición de los incrementos de los cuadros tarifarios.

“Las apelaciones que se vayan decidiendo van a reafirmar la necesidad de cubrir los costos de la generación de electricidad y de la producción de gas”, explicó la fuente al reseñar la situación de demanda y producción energética que atraviesa el país y que “lejos de aliviarse se fue incrementando en la última década”.

La idea del Gobierno es “apelar todos los fallos para evitar repetir la experiencia de 2014 cuando una sucesión de amparos a los incrementos de servicios de entonces exceptuó de los nuevos cuadros tarifarios a toda la Patagonia, a la provincia de Santa Fe, al interior bonaerense y a parte de Mendoza, que lo único que permitió fue incrementar la disparidad de tarifas”.

“Quince años sin aumentos de luz provocaron que determinadas provincias hoy reciban incrementos del 2.000 por ciento, porque el anterior incremento no lo pagaron”, explicó la fuente consultada al insistir en que cada vez se debe importar más recursos energéticos por la falta de actualización de los precios que se le pagan a los productores.

En paralelo a las medidas judiciales, el Gobierno confía en la mesa de negociación abierta con los mandatarios provinciales, y en las que no se descartan que se puedan acordar nuevas soluciones en las reuniones acordadas para las próximas semanas.

“La negociación está abierta”, aseveró la fuente tras el encuentro que mantuvieron ayer el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y su par de Energía, Juan José Aranguren, donde se propuso discutir regionalmente los incrementos para atender las particularidades de cada provincia.

El primero de los fallos conocidos hoy fue el de la jueza federal de San Martín Martina Isabel Forns, quien dispuso una medida cautelar que frena el aumento de la tarifa de la luz, ante un reclamo presentado por el Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced, ubicado en la localidad bonaerense de Martín Coronado, partido de Tres de Febrero.

La magistrada hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó la suspensión de la aplicación de los incrementos dispuestos por las resoluciones 6 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería, y 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

También ordenó a la distribuidora eléctrica Edenor que devuelva en las próximas facturas los incrementos que eventualmente haya cobrado al mencionado hospital y que no incluya nuevos aumentos por el término de tres meses.

La distribuidora afirmó esta tarde no haber recibido hasta el momento la notificación de la medida, por lo cual Edenor no realizará comentario alguno al respecto ni tomará la decisión de apelar o no hasta tanto pueda conocer los fundamentos del fallo, según confió una fuente de la empresa.

Horas más tarde trascendió similar medida dispuesta por el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, a cargo del Juzgado Federal de Bariloche, quien frenó el aumento en la tarifa de gas en ese distrito patagónico al hacer lugar a un recurso de amparo.

En su fallo, el juez Villanueva dispuso que las tarifas se retrotraigan al 31 de marzo pasado, por un plazo de tres meses, al tiempo que prohibió que la distribuidora Camuzzi implemente cortes en el suministro por falta de pago.