El recurso de amparo en cuestión se había presentado el 7 de abril a través de los legisladores en conjunto con la ONG CEPIS -Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad-, solicitando que el Gobierno Nacional suspendiera el aumento del gas hasta tanto se realizara la audiencia pública previa que establece la Constitución.

En sintonía con esto, los diputados llevaron adelante una importante campaña de difusión y junta de firmas en los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, que solamente en Mar del Plata logró la adhesión de más de siete mil vecinos.

En ese sentido, el diputado marplatense Juan Manuel Cheppi, uno de los autores de la iniciativa, explicó: “Vamos en camino a una Audiencia Pública en la que con la participación de asociaciones de consumidores, cámaras empresarias y distintas organizaciones de la comunidad se podrá buscar una tarifa justa y al alcance de todos”, y manifestó: “Celebro que la Justicia se ponga del lado de los intereses de las mayorías, del pueblo, de la producción y el trabajo; porque respuestas como esta nos muestran que existen herramientas para defender los derechos de los bonaerenses”.

“Hicimos esta presentación y dimos inicio a esta campaña porque entendíamos que ante un avasallamiento del Poder Ejecutivo que perjudica tan seriamente la calidad de vida de la gente, era nuestra responsabilidad poner en práctica los recursos posibles teniendo en cuenta las necesidades de todos los vecinos que nos pusieron en el lugar en el que estamos para representarlos”, sostuvo el legislador.

Asimismo, sostuvo que “la respuesta de los bonaerenses, que apoyaron masivamente la iniciativa sin detenerse en colores políticos o posturas personales nos dio la razón”, y agregó que: “Logramos hacer de esto una causa común y hoy tenemos una contestación favorable ante la exigencia de que se defiendan nuestros derechos, que mucho más que un triunfo de un sector político, lo entendemos como un triunfo del pueblo”.

Por último, aseguró que “el modelo que está instaurando la gestión actual de gobierno protege por demás los intereses de los grandes sectores de poder económico y deja en el camino a las economías regionales, las PYMES, los comercios, las familias de clase media, los estudiantes, los jubilados…”, y concluyó: “No vamos a dejar que nos convenzan de que es una mentira que todos tenemos derecho a vivir bien”.