“Lo que pretendemos saber con esta solicitud es si en todas las instituciones educativas de la Provincia de Buenos Aires, que dependen de la Dirección General de Cultura y Educación, se está aplicando la ley en su totalidad, además de saber si a las escuelas se les provee del conocimiento o la información pertinente para el abordaje de conflictos como el bullying”, explicó el senador Hogan. “Estamos siguiendo con gran preocupación el incremento de los casos de bullying o acoso escolar en distintas escuelas bonaerenses. Y considerando que la Ley 14.750 fue impulsada y aprobada durante la gestión del gobierno anterior, queremos saber si el gobierno actual está llevando a cabo todos los mecanismos necesarios para que esta norma se cumpla”, agregó.

La ley en cuestión fue sancionada por la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, el 8 de julio del año pasado. Según los últimos registros oficiales por parte de la Secretaria de la Niñez y Adolescencia Provincial, durante los años 2014 y 2015 se registraron aproximadamente cinco casos de “Bullying” por mes en las distintas instituciones educativas bonaerenses. “Vemos estos informes, y otros relacionados, con gran preocupación”, indicó el legislador del Frente Renovador. Asimismo, argumentó que “se observa que solo una ínfima cantidad de casos llegan a conocimiento de las autoridades competentes, por lo que este número resulta irrisorio comparado a la cantidad real de casos de acoso, discriminación y violencia –tanto física como psicológica- que en la práctica educativa se desarrollan día a día”.

“Lejos de querer echarle la culpa al actual gobierno sobre la problemática del bullying o el acoso escolar, debido a que es un flagelo generado por muchos factores y a través del tiempo, lo que queremos es estar seguros de que la gobernadora Vidal y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia están tomando las medidas adecuadas para el cumplimiento íntegro de la ley 14.750, lo cual sí es responsabilidad del Estado”, aclaró Hogan.

El legislador de la Cámara Alta afirmó que “queremos tomar conocimiento sobre si se ha puesto a disposición de las instituciones educativas provinciales los recursos necesarios para que esta ley se aplique y se materialice en la realidad, ya que resulta una herramienta de gran utilidad para disminuir y encontrar soluciones a las importantes situaciones de conflicto social, abusos, violencia, discriminación y prácticas de bullying que han tenido lugar dentro de los distintos niveles de los institutos educativos”.

“El contexto social de la provincia de Buenos Aires actualmente es complejo, al igual que en el resto del país. Por lo tanto, creo que como mínimo deberíamos llamar a la reflexión a quienes desde la función pública tienen la responsabilidad institucional de contrarrestar o disminuir las grandes desigualdades que existen en la práctica educativa, las cuales son de público y notorio conocimiento”, concluyó Patricio Hogan.