La Cámara, integrada por los jueces Gustavo Spacarotel, Gustavo De Santis y Claudia Milanta, había hecho lugar 1 de julio a un recurso de queja presentado por una de las empresas distribuidoras contra la medida del juez de primera instancia, que había avalado una medida cautelar presentada por el Colectivo de Acción en la Subalternidad.

En ese momento, se anunció que el tarifazo había sido avalado por la Justicia pero finalmente se aclaró que la resolución de los magistrados de la Cámara de Apelaciones sólo afectada a la distribudora EDEN S.A que presta el servicio en el conurbano bonarense. Hoy, los jueces ampliaron su decisión e incluyeron también a EDEA en la resolución por lo que el tarifazo de luz quedó vigente en la ciudad.

Enterada de la decisión, la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA), anticipó que continuará con la refacturación conforme a los valores fijados por la resolución N° 22/16 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos bonaerense, es decir, la que determinó el nuevo cuadro tarifario a partir del 26 de febrero.

La empresa ya había comenzado a emitir facturas sin el aumento para cumplir con la resolución de Arias, pero ahora volverá sobre sus pasos y refecturará con el incremento. El nuevo cuadro tarifario, publicado en el Boletín Oficial el 26 de febrero, establece una suba promedio del 120% en la zona en que opera EDEA.

De los 320.000 usuarios que tiene la empresa (abarca a Mar del Plata, Chascomús, Dolores, San Clemente, Santa Teresita, Miramar y otras localidades del este de la provincia), el 33% abonará $ 300 mensuales. Son los que consumen en promedio 150 kilovatios por mes. El 27% (60 kilovatios) pagará $ 130 mensuales y el 12% que más consume desembolsará de $ 400 en adelante.

El nuevo cuadro tarifario incluye una tarifa social, que alcanzará a 90 mil clientes de EDEA (el 28%), quienes pagarán la mitad de lo que abonarían como clientes residenciales.

Entre ellos estarán los jubilados, los que están en relación de dependencia y perciben una remuneración bruta menor a dos salarios mínimos, los titulares de programas sociales, los inscriptos en el régimen de monotributo social, el personal de servicio doméstico y quienes acreditan seguro de desempleo y certificado de discapacidad.