A fines de mayo, Elisa Carrió denunció en la UFI 11 de La Plata, a cargo de Garganta, desmanejos en la administración sciolista de la Provincia. Habló de cinco cajas políticas y Garganta decidió avanzar en la investigación.

Los delitos que acusó la diputada de la Coalición Cívica iban desde la defraudación a la administración pública hasta el lavado de activos que, según la aliada de Cambiemos, podrían incluir el enriquecimiento ilícito.

La presentación incluyó a Daniel Scioli y alcanzó también a su exjefe de Gabinete, Alberto Pérez, a funcionarios de diversos organismos apuntados bajo el cargo de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y al fiscal de delitos complejos, Jorge Paolini, por “encubrimiento” Este último, de acuerdo a la acusación, sería ahijado del exministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y habría contado con el paraguas protector de la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo.

Las cajas negras que Carrió describió en su presentación son las cuentas extrapresupuestarias y las extracciones de dinero sospechoso. Los sobreprecios en la construcción del Puerto de La Plata, las estafas en IOMA, con desvío de prestaciones y facturas apócrifas por casi $1.500 millones son algunos de los hechos

Por ello esta mañana se realizaron nueve allanamientos simultáneos en Mar del Plata vinculadas a la causa. Uno de ellos se realizó en la sede de IOMA de calle Independencia casi Garay. De allí se llevaron documentación contable.

Paralelamente se realizaron otros ocho allanamientos en distintos domicilios. Los mismos fueron encabezados por efectivos de Drogas Ilícitas y Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.