“Ello toda vez que el acceso de los usuarios a servicios públicos esenciales como la electricidad resulta ser un derecho humano que hay que garantizar, existiendo métodos claros y precisos para reclamar montos adeudados, que no pasen por el corte de la prestación que resulta de imperiosa necesidad y utilidad”.

“Por otro lado deberán abstenerse de amenazar de corte, toda vez que no existen deudas ciertas. Ello en virtud de que las tarifas están siendo discutidas judicialmente, por lo tanto dada su provisionalidad e incertidumbre, no se puede hacer caer sobre el usuario, víctima de todo este proceso, la amenaza de que se le cortará el servicio” concluye la presentación firmada por los defensores del Pueblo Rizzi, Cuesta y Rodríguez.