El caso comenzó durante la campaña presidencial de 2015 cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) -encabezada entonces por el fiscal Carlos Gonella- hizo una serie de denuncias por lavado de dinero contra dirigentes del macrismo. La causa se remonta a cuando Lombardi era ministro de Cultura del gobierno de Macri en la Ciudad.

La fiscal del caso, Paloma Ochoa, imputó también al presidente del Centro de Estudios de Políticas Públicas Aplicadas (CEPPA) y de la Fundación Pensar Argentina, Matteo Goretti Comolli, y a Facundo De Almeida, integrante del Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Ochoa le había pedido a Lijo que se investigue si Goretti Comolli utilizó al CEPPA como una plataforma para realizar una maniobra de lavado de dinero previamente sustraído de manera fraudulenta de las arcas estatales porteñas. De acuerdo con el dictamen de la fiscal, el ilícito se habría concretado "a partir de la materialización de donaciones en favor de la Fundación Pensar Argentina", cuyo "unívoco objeto consiste en ser la usina de ideas del partido PRO", tal como indica en su página web.

Para la fiscalía, Goretti Comolli, "valiéndose de la Fundación CEPPA e invocando fraudulentamente el Régimen de Promoción Cultural" establecido por la ley porteña 2264, obtuvo recursos del gobierno de Macri a partir de actos administrativos decididos por Lombardi. El cálculo hecho por Ochoa estima que obtuvo "al menos 1.302.153 pesos". También remarcó que esos fondos "no se dirigían al destino para el que fueran suministrados, esto es la promoción de actividades culturales", sino que "se desviaban" y servían para financiar la Fundación Pensar, "integrada por Lombardi y presidida por Goretti Comolli".

El juez Lijo había sobreseído tanto a Lombardi como a los otros imputados pero ese fallo fue apelado por Ochoa. Diego Velasco -quien reemplazó durante su licencia a Germán Moldes en la fiscalía ante la Cámara Federal- respaldó parcialmente la apelación de Ochoa.

Velasco sostuvo que no está demostrada la existencia de una maniobra de lavado de dinero, pero sí que se debía continuar investigando si hubo una defraudación.

Velasco había señalado en junio pasado que durante la investigación de Lijo "comenzó a establecerse que a través del régimen de mecenazgo cultural se habría producido una defraudación a la administración pública, perniciosa a las arcas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Velasco sostuvo que "se conoce que a través de expedientes administrativos específicos (del ministerio de Cultura porteño) se asignaron partidas presupuestarias a una entidad privada (CEPPA, cuyos gestores están relacionados social, política y partidariamente entre sí) y que esta última, a su vez, los transmitió a otra entidad (Fundación Pensar Argentina).

No se conoce en cambio y a modo de ejemplo: (1) por qué el ente beneficiario de una promoción pública transfirió los fondos recibidos a otra y si estaba autorizado a hacerlo la entrega fue con un cargo específico y por tanto era de cumplimiento intransferible, (2) en qué fueron usados específicamente esos fondos públicos redistribuidos sin autorización del ministerio que los proveyó y en definitiva si ese dinero se usó para el financiamiento de un partido político".

Velasco había dicho que "no está bajo análisis el régimen de mecenazgo local, sí lo está su uso como pantalla para el desvío de fondos públicos para atender gastos o pagos que están contemplados en sus objetivos: estarían presentes el engaño, la disposición y el perjuicio típicos de la defraudación si los extremos contemplados por el Ministerio Público llegan a acreditarse".

Velasco pidió que se investigue esa situación y también que se determine si tiene que seguir interviniendo Lijo o el caso debe pasar a la justicia de la CABA porque la defraudación fue hecha en esa jurisdicción y no hay delito de lavado de dinero, lo que habilitaba la intervención de la justicia federal.

La Sala II de la Cámara Federal, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, le dio la razón a Velasco y revocó los sobreseimientos. Los jueces ordenaron ampliar la investigación y una vez que ello suceda, determinar si el caso es federal. Mientras tanto, Lombardi sigue bajo investigación judicial.

Fuente: Omar Lavieri.