Sobre crisis energética, tarifas, precios internacionales y locales hay que proporcionar más información científica, no “chamuyo” como suele escucharse y leerse en estos días. En rigor, se está tapando el mayor problema que es la causa y origen de esta situación crítica.

Aludimos a Vaca Muerta, una formación geológica que nos quieren hacer creer que es la quimera del oro, si es que somos capaces de explotar allí los hidrocarburos no convencionales, cuya existencia afirman desde la Agencia Internacional de Energía que existen. Pero hasta hoy el único que testea su existencia para comprobarlo es YPF, que tiene a cargo la realización del 80% del total de pozos de esa zona, el resto es inversión cero.

El problema no son los recursos naturales ni los recursos humanos, tampoco los recursos financieros. El problema es que le regalamos a las multinacionales nuestras riquezas, un total de 7.500 millones de dólares al año entre petróleo y gas.

El petróleo en Argentina se descubrió el 13 de diciembre de 1907. 15 años después, Hipólito Irigoyen fundó la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), primera empresa encargada de la extracción y tratamiento del petróleo. El general e ingeniero Enrique Mosconi estuvo a cargo de aquella empresa estatal, nombrado por el Presidente de la República Marcelo Torcuato de Alvear. Para el país ha representado uno de los hitos más importantes en el desarrollo económico.

Una mañana de agosto de 1922, Mosconi se enteró que la empresa norteamericana West India Oil Co., la única que vendía nafta de aviación, se negaba a suministrarla sin pago adelantado. El entonces coronel Mosconi entrevistó al gerente de la empresa para ratificar la noticia. Si, era así. Mosconi le replicó al gerente de la compañía extranjera según cuenta en su libro: “Advierta que el servicio Aeronáutico del Ejército no debe un centavo a su compañía; que se trata de una repartición militar solvente y dependiente del Ministerio de Guerra y que, por lo tanto, no sólo me sorprenden sus manifestaciones y su exigencia, sino que las considero impertinentes y no las acepto”. Más tarde comentará Mosconi: “Allí, en el mismo escritorio, me propuse juramentándome conmigo mismo cooperar con todos los medios legales para romper con los trusts (asociación de empresas que produciendo los mismos productos o servicios ocasiona un monopolio mediante la fijación de precios y/o la propiedad de paquetes de acciones que supongan el control, ejerciendo un poder de monopolio)” [1].

En la década de 1990, 68 años después de aquel acontecimiento, durante el gobierno de Menem se privatizan todas las empresas estatales en Argentina y con ello se entregan las riquezas descubiertas por el Estado, que en gas eran para 35 años y en petróleo para 15 años de reservas comprobadas.

Desde aquella época se sacaron y se llevaron de Argentina unos 6.000 millones de barriles de petróleo y lo mismo en gas, lo que significa que entregamos y regalamos la friolera de unos 240 mil millones de dólares, si suponemos un promedio de 20 dólares el barril de petróleo (Barril que llegó a costar en el mercado internacional más de 100 dólares).

Hoy, el 40% de la población de Argentina no accede al gas natural. Sin embargo, luego de la privatización, se realizaron unos 10 gasoductos para sacar nuestro gas natural y exportarlo a Chile, cuyo costo en boca de pozo estaba en 1,50 dólar por millón de BTU (MBTU medida inglesa son unos 27m cúbicos). Pero del otro lado de la cordillera se congelaba y se enviaba a EE.UU. y Canadá, vendiéndose a un valor que varió entre 10 a 20 dólares el millón de BTU.

Todo el proceso de privatización y extranjerización, y su posterior desarrollo, no ha sido más que la causa de nuestros males en el tema energético. Sin inversión y encareciendo por el afán de lucro de las empresas multinacionales todo lo dependiente de la industria petrolera (85% de la matriz energética son hidrocarburos) y extorsionado hasta el día de hoy (a pesar de los tremendos subsidios que se realizan, reconociendo precios que no se pagan a nivel internacional) desde la perforación hasta el precio final de los servicios.

Mosconi dijo sobre la autonomía energética: “Así como la emancipación política del continente se selló con las corrientes libertadoras de Simón Bolívar y de José de San Martín, realicemos nuestra independencia económica (…) sólo entonces habremos dado término integral al mandato de nuestros libertadores, asegurando la felicidad y el bienestar de nuestros pueblos”.

Derecho a la energía y lucha por la soberanía energética

Nuestra posición es en defensa de la soberanía energética, que incluye la crítica a la política energética construida por 40 años (luego de la dictadura), la que se propuso la privatización de las empresas públicas.

Las privatizaciones se realizaron en la década del noventa, previo deterioro deliberado del sector público y sus empresas. Hay que mirar especialmente el caso de YPF, que, luego de la dictadura genocida, quedó como la empresa más endeudada del país.

La deuda de YPF, como parte de un proceso deliberado de endeudamiento, sirvió para condicionar una gigantesca y reaccionaria reestructuración de las relaciones sociales en el país, favorecer el régimen de especulación aún vigente y estimular la fuga de capitales, estimada hoy entre 230.000 a 400.000 millones de dólares.

Puede adicionarse que YPF, contrario al pensamiento originario de Mosconi por una energía para la independencia, fue utilizada como estrategia para un desarrollo industrial dependiente. Y por tal motivo, hubo subordinación tecnológica a las grandes petroleras.

El problema es el capitalismo transnacional y la política de sumisión de las empresas públicas a esa lógica de acumulación.

Por eso, nuestra posición supone un análisis retrospectivo que asume el mandato originario por la independencia económica y política, por lo que sostenemos una posición soberana y anticapitalista.

Lo soberano, hoy, incluye la integración regional no subordinada, en el sentido que alguna vez se sustentó con el proyecto “Petrocaribe”, para articular los esfuerzos públicos y sociales en Nuestramérica para la independencia y la soberanía energética.

En ese camino, sostenemos la socialización de YPF, que es más que la estatización parcial actual, que más allá de la gestión estatal supone la asociación a transnacionales, como ocurre con la vergüenza del contrato secreto con Chevron.

No alcanza con la gestión estatal o la subordinación a un Estado capitalista y por eso la socialización, lo que implica participación en la toma de las decisiones de los trabajadores y la sociedad en su conjunto para definir una política petrolera y energética soberana, anticapitalista y promoviendo la integración no subordinada con la región y el mundo.

Para nosotros, la energía no es una mercancía, sino un bien social, un derecho humano. Con ello estamos convencidos que se requiere luchar no solo por el fenómeno que hoy nos preocupa en lo inmediato, como son las tarifas; sino que también necesitamos una mirada retrospectiva para asumir los objetivos iniciales de YPF, criticar su deformación histórica en función de una política del Estado capitalista para la promoción de un proyecto de subordinación y dependencia a la lógica de las transnacionales y retomar una perspectiva de política energética para la independencia y la soberanía popular.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.