Una adhesión en “todos sus términos” a la demanda que presentó el gobierno de la Provincia a través de la Fiscalía de Estado, para recuperar ingresos del Fondo del Conurbano y el reconocimiento de que muchos derechos de los bonaerenses seguirán siendo vulnerados si no se actualizan esas partidas, planteó la Defensoría del Pueblo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Sólo puede existir un derecho si hay una estructura detrás que garantice su satisfacción”, sostuvo el secretario general a cargo de la Defensoría provincial, Marcelo Honores, al explicar el sentido de la presentación ante el máximo tribunal, que se suma al reclamo que lleva adelante el Gobierno provincial.

En esa línea, Honores sostuvo que “la contracara de todo derecho es el recurso tributario para solventarlo. Dicho de un modo más directo, sin impuestos no hay derechos”, y destacó que existe la “necesidad de contar cada vez con más recursos presupuestarios para solventarlos, ya que de otra forma quedarían reducidos a meras declaraciones”.

La medida de la Defensoría tiene como antecedente la declaración institucional del organismo en apoyo a las gestiones que encara el gobierno de María Eugenia Vidal para actualizar el Fondo del Conurbano, que desde 1996 se encuentra congelado en 650 millones de pesos. El mismo se basa en la recaudación que la Nación hace sobre el Impuesto a las Ganancias, y el excedente a ese tope se distribuye entre las provincias.

La Defensoría entiende que este reparto va en desmedro de los legítimos derechos de Buenos Aires, y que se basa en una norma “inconstitucional” que genera un injusto modo de distribución de los recursos. A su vez considera, en base a la solidaridad federal entre las administraciones, que la atención de las necesidades del Conurbano constituye un verdadero problema de escala nacional.

“Esta situación sumerge en la indigencia a centenares de miles de personas y vulnera los derechos humanos básicos, circunstancia que no puede ni debe ser soslayada por el Defensor del Pueblo”, detalló Honores, a la vez que habló de “valorar adecuadamente las prioridades en la asignación y ejecución de los recursos presupuestarios para favorecer a los bonaerenses”.

Además, en la presentación ante la Corte, la Defensoría reconoció una relación indivisible entre los derechos y las partidas afectadas para solventarlos, y planteó que el grueso de los reclamos que atiende tiene que ver con omisiones del Estado por falta de recursos.

En este caso, puso como ejemplo la mediación de la Defensoría, en 2014, entre el Gobierno bonaerense y los gremios docentes, en medio de un paro de casi treinta días; el pedido ante la falta de vacantes en los hogares convivenciales para atender a niños, niñas y adolescentes; y el reclamo por las graves falencias edilicias en la mayoría de los hospitales bonaerenses, todas situaciones relacionadas a la falta de financiamiento del Estado para hacer frente a estas necesidades.

En definitiva, el pedido que hace la Defensoría ante la Corte nacional es para intervenir en carácter de tercero voluntario, ya que la sentencia puede afectar su propio interés como garante de derechos; o como amicus curiae, una figura por la cual el organismo puede presentar elementos al máximo tribunal para apuntar a una sentencia justa.