Por Cristina Coria
Presidente del Bloque de la UCR local
En Argentina la ley Sáenz Peña estableció en 1912 el voto universal, secreto y obligatorio pero sólo para un sector de la sociedad, los hombres. En cambio las mujeres tuvimos que esperar años para gozar de
los mismos derechos políticos, hasta que en septiembre de 1947 se sancionó finalmente la ley 13.010 estableciendo en su primer artículo:” Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos.”
La sociedad evolucionó y con ésta también la política y el rol de las mujeres en esta. Democracia y movimientos de mujeres mediante, la Ley de Cupo Femenino de 1991, fijó un piso mínimo del 33% de participación femenina en listas electorales. Ahora, 25 años después, en la Provincia de Buenos Aires, la paridad de género a partir de las elecciones de 2017, suma una nueva conquista, ya que la norma votada en forma unánime, modifica el artículo 32º de la Ley Electoral y establece que "toda lista de candidatos a cargos electivos para cuerpos colegiados provinciales y municipales deberá contener porcentajes iguales y equivalentes de candidatos del género masculino y candidatas del género femenino a los cargos a elegir, en todas las categorías". El equilibrio entre hombres y mujeres en el acceso a las bancas con la paridad, estarían garantizados.
Con la Paridad se impone igualdad, se mejora la agenda política y aumenta la calidad de la democracia, en consonancia con los avances que se están dando en el mundo que viene entendiendo que la capacidad o la formación política no depende del género. La paridad de candidaturas ayuda y tiende a eliminar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad.
El 23 de septiembre se conmemora el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. La fecha se estableció en recuerdo de la publicación de la Ley 13.010, que consagró la igualdad de derechos políticos entre el hombre y la mujer. Ahora, también un Septiembre nos deja una reforma que garantizará más acceso a ocupar cargos de representación popular, un paso más hacia una sociedad más justa e igualitaria.
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