Todos ellos constataron que las pérdidas ocasionadas por los delincuentes mientras la policía estaba acuartelada en reclamo de mejoras salariales, alcanzaron los 700 mil pesos. Además, contaron detalles de cómo fue la jornada laboral aquella vez.

En un principio, y por temor a amenazas o comentarios de los imputados hacia las víctimas, el fiscal De Marco solicitó formalmente que les ordenaran abandonar la Sala Nº 3 de la Cámara de Apelaciones, donde se desarrolla el juicio por falta de espacio físico en la del Tribunal Oral Nº 3. Sin embargo, el juez Aldo Carnevale se lo denegó, tras considerar que es un derecho de los imputados permanecer en el recinto durante las audiencias.

Según dijeron los comerciantes, cerca de las 17 del lunes 9 de diciembre, con casi el 70 por ciento de la policía fuera de servicio por la protesta, distintas personas comenzaron a pasar por la puerta de la feria comunitaria ubicada en Fortunato de la Plaza y Heguilor exhibiendo armas y amenazando a los presentes. Fue por eso que los administradores del centro comercial les dieron permiso para retirarse, ante el miedo que les generaba la actitud descripta.

Poco después, sobre las 21, los puesteros se enteraron de que la feria había sido saqueada. Y algunos hasta fueron al lugar y vieron cómo algunos policías que trabajaban tras la resolución del conflicto aprehendían a los delincuentes.

Para el miércoles se espera que declaren diez comerciantes más y luego podrían dar su versión de los hechos los propios imputados. En total, son tres mujeres y once hombres, aunque uno de estos fue declarado en rebeldía por no presentarse en las audiencias.

De ser así, los alegatos -que estaban previstos para el jueves- posiblemente se pospongan hasta el viernes. Después de esa etapa, el juez Carnevale llamará a un cuarto intermedio y la semana próxima dará a conocer la sentencia.