El concejal señaló: “Llama la atención que el Estado Municipal aborte un proceso licitatorio público, que había recibido dos ofertas que estaban siendo analizadas por la Comisión Evaluadora que no la integra ningún funcionario político, y en el cual, habían intervenido funcionarios de carrera municipal para impulsar una contratación directa disfrazada de convenio con la UTN”.

“Lo interesante para destacar es que la rentabilidad empresarial que habían propuesto las empresas participantes, en ningún momento superaba el 16%, cuando ahora el convenio que el intendente Arroyo elevó al Concejo pretende darle a una de los dos oferentes mediante una contratación directa el 40% de lo recaudado”, sostuvo Marcelo Fernández.

Y agregó: “Otro tema que nos pone en alerta es que la implementación del sistema impulsado por la UTN está siendo investigado por la justicia bajo sospecha de que se trata de una fachada que se utiliza de manera ilegal para evitar los procesos licitatarios”.

“Este convenio es perjudicial para el Municipio ya que se prevé que una serie de dispositivos electrónicos, la obra civil de instalación, la provisión y colocación de la cartelería legal y de un local de determinadas características para el montaje de un Centro de Monitoreo y procesamiento entre otros gastos, sea absorbido por el 40% que le quedaría a la Comuna en tanto que el otro 20% se lo llevaría la Jefatura de Gabinete del Gobierno Provincial por los servicios de provisión e instrumentación de un nuevo sistema de administración y juzgamiento de las infracciones de tránsito”, finalizó.