"Quiero que me juzguen por si pude o no pude reducir la pobreza. Ahora: de ese lugar se sale trabajando, no por una ley", dijo Macri tras la marcha que realizaron sindicatos y grupos sociales para reclamar su sanción y agregó: "Si es por una ley... ¿para qué nos quedamos cortos? En vez de un millón de puestos de trabajo pongamos cinco millones y resolvimos todo".

El sindicalista Carlos Acuña, uno de los triunviros para la CGT, criticó esa postura que expresan varios funcionarios del gobierno contra el proyecto que tiene media sanción del Senado y advirtió que "es una falta de respeto decir que con una ley no arreglamos nada".

Macri fustigó la postura de dirigentes kirchnerista y del GEN que promueven la iniciativa que propone crear un millón de empleos subsidiados por el estado al señalar que "sería maravilloso que fuese tan simple".

"Tenemos que abandonar esa creencia de que estamos condenados al éxito. Nos hizo mucho mal. Eso fue lo que generó la cultura del atajo, la cultura de la avivada", dijo Macri a Clarín. Acuña, también jefe del sindicato de empleados de Estaciones de Servicios, Garages y Lavaderos, advirtió que ante el reclamo de los gremios y movimientos sociales "no hay ningún plan B" si el Congreso no aprueba la iniciativa o si el Ejecutivo decide vetarla.

"Vamos a ponernos en positivo, que el gobierno reflexione y no la vete", dijo el cegetista.

Uno de los cuestionamientos que el oficialismo le hace al proyecto gira en torno a cómo se va a financiar, ya que la iniciativa establece el incremento del 15 por ciento mensual de la asignación universal por hijo y de la asignación por embarazo y la creación de un millón de puestos de trabajo, lo cual significaría un costo de 12 mil millones de pesos en un año (mil millones de pesos por mes).

El diputado nacional Pablo Tonelli (PRO) definió al proyecto como "un catálogo de ilusiones, una ridiculez cuyo único sentido es demagógico" y aseguró que "la viabilidad es cero" porque "no dice cuál es el financiamiento para eso".

"Quieren hacer de cuenta que se ocupan de los pobres cuando durante 12 años no lo hicieron", dijo Tonelli a radio Del Plata.Por su parte, el senador nacional Juan Abal Medina (FpV-PJ) opinó que la medida "no es irresponsable fiscalmente" y, al contrario de lo que plantea el oficialismo, "es afrontable por parte del Estado". "Estos sectores que hoy gobiernan, en su momento estuvieron a favor del 82 por ciento móvil, que al día de hoy tendría un costo de más de 200 mil millones de pesos. Este proyecto se puede implementar con 40 mil millones, una quinta parte", argumentó el impulsor de la ley junto a Jaime Linares del GEN.