La Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (AECN) que preside Daniel Méndez(FOTO) muestra su preocupación por la situación que están viviendo un grupo importante de jubilados que se acogieron al retiro en el último año y medio no cobran sus haberes como establece la legislación, como tampoco los beneficios para sus familias. Al respecto se están realizando gestiones y reuniones para sortear lo antes posible esta situación.
Como es de conocimiento público, el actual gobierno provincial, hace hincapié en la necesidad que tiene el estado de agilizar su desmesurado sistema burocrático, para hacerlo más ágil y eficiente. También, los habitantes de la provincia de Buenos Aires, “entendemos que se hayan encontrado con nebulosas difíciles de explicar o marañas de difícil resolución. Lo que no entendemos es cuando bajo la excusa de la necesidad de soluciones y con el pretexto de agilizar trámites, nos encontramos con demoras que ronda el año y medio, situaciones que afectan directamente a un sinnúmero de habitantes de nuestra Provincia”.
La Ley de Ministerios, con sus idas y vueltas, con la constante modificación de los decretos reglamentarios de las áreas, ha producido un daño importante en muchas personas, negándoles incluso la certeza de su jubilación. Los trabajadores de Casino, “nos encontramos ante un proceso complejo. Desde que los Casinos pasaron a la órbita provincial en 1995 hasta la fecha, todos los compañeros que se jubilaban, lo hacían automáticamente en la Caja Nacional, ANSES, y por ende tenían el PAMI como obra social”.
Hace dos años, una ley, habilito a los trabajadores a optar por el sistema que prefirieran, cambiando del régimen nacional de 65 años al provincial de 60; pero es recién este año, que quienes alcanzan la edad jubilatoria y cesan en su labor, no pueden jubilarse a causa de la continua modificación del Decreto de Cese. Si bien el sistema provincial les abona el 60% de lo que percibe un activo, contra el 70% que es la jubilación, ese monto no incluye aguinaldos, familiares a cargo, ni subsidios por discapacidad, ni las viudas, y como en muchos casos, compañeros que por acuerdos de aquel traspaso, mantenían como su obra social a Unión Personal (UP), esta termina su prestación y se depende de la firma de extensiones y buenas voluntades.
Este perjuicio, en algunos casos llega a los 15 meses y afecta de manera directa a más de 160 compañeros. Hay casos, de viudas que han quedado como único sostén de familia, y no perciben nada, ni la pensión que les corresponde ni la necesaria cobertura de salud. Desde nuestra Asociación, queremos llamar la atención de la Gobernadora, María Eugenia Vidal, y de quienes son los encargados de solucionar la realidad de quienes habitamos en la Provincia de Buenos Aires, en por lo menos, prever las nefastas consecuencias de una firma para tantas familias.