La empresa aprovecha la crisis social para obtener un mayor incremento y pide actualizaciones de costos cada tres meses. Casi no se prevén inversiones en la ciudad para los próximos años.
La Defensoría del Pueblo, representada por Fernando Cuesta y Walter Rodríguez, participó de la Audiencia Pública que tuvo lugar en Olavarría.
En ese marco, en su alocución el defensor del Pueblo Cuesta se refirió a la incertidumbre que se vivió durante todo el año respecto a las tarifas: “2016 fue un año de grandes confusiones, generadas por las decisiones del Ministerio de Energía, con distintos cuadros tarifarios, con el retroceso de ellos por las intervenciones de la Justicia, por la falta de presencia del Estado y la falta de respuesta de las Empresas distribuidoras de los Servicios Públicos”.
“Todo eso provocó que nuestros vecinos recurrieran a las organizaciones de Defensa de los Derechos del Consumidor y a la Defensoría del Pueblo para saber cosas tan básicas como si debían pagar o no, si podían cortar los servicios, si debían esperar aunque siempre con el espíritu de pagar”, dijo.
Los defensores vienen participando de distintas audiencias públicas aunque Cuesta se preguntó si sirven para algo. “La constante ha sido la falta de información, en especial en la Audiencia de la fecha. Sólo había dos expedientes de difícil lectura técnica a disposición”.
La situación social como excusa para aumentar las tarifas
La empresa calcula que sus pérdidas pasarán del 4,7 al 10,4% por la situación social que se vive y usa esa variable para aumentar la tarifa. “Queremos dejar constancia que Mar del Plata – Batan posee hoy el máximo porcentaje de desocupación de nuestro país, con el 12%, correspondiente al tercer trimestre del año y creemos que en el cuarto volverá a crecer. Este panorama se complementa con altos índices de informalidad y un número creciente de negocios cerrados”.
“A su vez, EDEA solicita poder actualizar los costos por trimestre. Por eso, nos preguntamos si esto significaría un pedido de aumento de tarifas cada tres meses”, manifestó.
Cuesta recordó que la tarifa social nació con la crisis de 2001 para aquellos sectores que no pueden pagar y aclaró que: “No es una concesión, es un derecho”.
Otra fuente de reclamos permanentes es la tarifa estacional. Aquellas viviendas que no utilizan energía pasan a esa categoría y pagan como si hubieran usado luz regularmente. “La “solución” para el usuario es dejar una lámpara encendida eternamente, una contradicción con el incentivo de ahorro de energía, tal cual se da en el cuadro tarifario del Gas, donde el tope del 400 % - 500 % deja de lado todo tipo de ahorro”.
“Nada se dice del Reglamento de Reconexión e insistimos en que debe ser sin cargo de intereses y con planes de pago. Así lo amerita la cuestión social”, indicó.
La empresa tampoco aclaró cómo llegarán las facturas. Si sólo serán de acceso por Internet o si se mantendrá el sistema de factura impresa. “Alrededor del 20% de nuestra población es de más de 60 años. Muchos de ellos no tienen acceso a Internet”.
“Tampoco queda claro el porcentaje del aumento”, expresó Cuesta y se preguntó: “¿Será del 30%? De ser así el incremento e la tarifa en el período Febrero 2016 / Febrero 2017 alcanzará al 130% aproximadamente. Se está aprobando una metodología”.
Escasa inversión y facilidad para usurpadores
Edea sólo tiene previstas inversiones en el Parque Industrial y en la próxima Planta de Pre Tratamiento de Efluentes Cloacales. “No nos queda claro qué inversiones están previstas para la categoría Residencial y qué crecimiento está previsto en una ciudad que se expande constantemente”.
Por otra parte, Cuesta repitió un pedido que la Defensoría ya realizó a la empresa en la ciudad. Se trata de que cambien el reglamento por el cual se da el servicio al cual hoy se puede contratar con un certificado de domicilio. Así, a aquellos que usurpan terrenos o viviendas se les facilita contar con energía eléctrica.
La política energética prevé que en el año 2020 dejarán de existir los subsidios para la categoría residencial e, incluso antes de eso, ocurrirá las Industrias, Comercios y PyMES. “El conflicto social será inevitable. Aprobada esa metodología, los aumentos serán automáticos. No es un tema cerrado en absoluto y seguirá requiriendo del concurso de las partes. A ellos requerimos y en forma especial al Estado en sus distintos estamentos los mayores esfuerzos para evitar el dolor de nuestro pueblo”.