El intendente Carlos Fernando Arroyo había dictado un acto administrativo (refrendado por el entonces Secretario de Cultura Sebastián Puglisi) decretando la baja en el cargo de Directora de Programas Socio Culturales que ostentaba la agente Lucía Martín, nombrada por la gestión anterior, contra lo cual esta última interpuso un amparo para intentar permanecer en dicho cargo.

La Cámara Departamental avalo el decreto del Ejecutivo y sostuvo que no se vislumbraba la existencia de un obrar ilegítimo ni arbitrario por parte del Municipio, además de señalar que el medio procesal –amparo- utilizado por la agente accionante no era el adecuado para sus pretensiones