El dirigente, del partido de centroderecha PMDB, fue el gran arquitecto de la llegada al poder del actual presidente, Michel Temer, de su mismo partido, tras el impeachment en 2016 de la mandataria de izquierda Dilma Rousseff, quien acusó a ambos de liderar un "golpe institucional".

La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro, en momentos en que se multiplican las articulaciones entre legisladores para amnistiar crímenes que podrían llevar a decenas de ellos a prisión.

"Entre los crímenes de corrupción, de lavado de dinero y de evasión fraudulenta de divisas, hay pruebas materiales", señala la sentencia.

Una de las condenas por corrupción pasiva se debe al recibimiento "indebido" de 1,3 millones de francos suizos (unos 1,5 millones de dólares) por haber mediado en la adquisición por parte de Petrobras de los derechos de exploración en un campo petrolífero de Benín, en África occidental.

Cunha, de 58 años, estaba en prisión preventiva desde octubre de 2016. Sus abogados anunciaron que apelarán el fallo, pero aun así deberá permanecer recluido, según determinó Moro, un magistrado convertido en ícono de la lucha contra la corrupción.

Cunha enfrenta otros juicios y se conjetura que podría negociar una reducción de sentencias, entregando a quienes fueron sus cómplices a lo largo de una carrera política marcada por las intrigas.

"Ojalá cuente todo lo que sabe, para que todos quienes cometieron actos ilícitos asuman sus responsabilidades y podamos limpiar el parlamento e iniciar una nueva era", dijo el diputado Alessandro Molon, del partido Rede (centro-izquierda).

Moro afirma además que Cunha trató de "coaccionar" a Temer desde la cárcel, enviándole preguntas "sin relación con la causa" pero que "probablemente buscaban provocar una intervención indebida" del mandatario en su favor.

"No podemos permitir que un proceso judicial se utilice para que una parte transmita amenazas, recados o chantajes a autoridades o testigos externos" al caso, subraya.

La sentencia se anunció en un clima político enrarecido por el avance de dos investigaciones con potencial devastador.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe juzgar la semana próxima un recurso contra la fórmula Rousseff-Temer en los comicios de 2014, por presunto beneficio de dinero ilegal del fraude a la estatal Petrobras.

La invalidación de la elección podrá difícilmente sacar a Temer del poder antes del fin del mandato en diciembre de 2018, porque caben recursos; pero podría debilitar al ya impopular mandatario, que busca la aprobación de polémicas medidas de austeridad para sanear las cuentas del país, sumido en la peor recesión de su historia.

Al mismo tiempo, los brasileños aguardan el levantamiento del secreto de sumario de 83 expedientes que contienen denuncias contra un centenar de políticos mencionados por 77 exejecutivos de Odebrecht.

Esa empresa es una de las principales involucradas en el esquema revelado en 2014 por la Operación Lava Jato, sobre los sobornos pagados a partidos y políticos para obtener contratos en la estatal Petrobras.

Según filtraciones de prensa, los pedidos de acusación enviados por el fiscal general Rodrigo Janot incluyen a nueve ministros de Temer y a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, así como a políticos de prácticamente todos los partidos.

Esos expedientes son tratados por el Supremo Tribunal Federal (STF), a cargo de personalidades con fuero privilegiado.

Janot ya había pedido en marzo de 2015 investigar a decenas de políticos, de los cuales hasta ahora solo cinco fueron formalmente inculpados, entre ellos Cunha. Pero el ex todopoderoso político fue finalmente condenado por la justicia ordinaria, por haber sido despojado de su mandato el año pasado.

La espera de "la segunda lista de Janot" paraliza buena parte de la actividad política, volcada a negociaciones de bastidores para amnistiar las donaciones de campaña no declaradas (la "Caja 2").

Desde el inicio de la Operación Lava Jato, la justicia dictó más de 120 condenas, algunas particularmente duras, como contra Marcelo Odebrecht, expresidente del grupo, que purga una pena de 19 años y 4 meses de cárcel; o contra José Dirceu, ex jefe de gobierno del presidente de izquierda Lula da Silva (2003-2010), condenado a 20 años y 10 meses.

El propio Lula es objeto de cinco denuncias judiciales, que el icónico líder de la izquierda latinoamericana atribuye a una conspiración para impedir que se presente a las elecciones de 2018.