Según los ombudsman, el gobierno ratificó con el ajuste tarifario que sigue sin contemplar los principios de proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y no confiscatoriedad considerados indispensables por la justicia argentina (caso Cepis resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación)

Los defensores expresaron que las subas de tarifas deben realizarse una vez al año, tal cual ocurre con las paritarias, y afirmaron que además deben aplicarse antes de las negociaciones salariales para permitir que esas discusiones puedan medir el impacto de aquellas en los bolsillos del trabajador.

GNC y gas envasado

Los defensores pidieron que el GNC tenga un valor testigo, situación que hasta el día de hoy no existe. También solicitaron que el gas envasado en garrafas sea declarado un servicio público esencial y no regulado por el mercado como en la actualidad, ya que las personas de mayor vulnerabilidad social terminan pagando mucho más que quienes están servidos por el gas en redes.

Además, se opusieron terminantemente a los medidores de energía prepagos y a su retiro en el caso de que las familias no puedan afrontar económicamente las facturas. Y a la vez que reclamaron que la tarifa social se amplíe.

Por otra parte, exigieron de las empresas prestadoras de servicios públicos la absoluta transparencia de sus estructuras de costos para la definición de las tarifas, ya que sin ellas no se sabe qué tipo de valor se está aplicando, dijeron.

El nuevo incremento en la tarifa del gas se hizo público este viernes, cuando el gobierno nacional anunció subas que van desde el 20 hasta el 36 por ciento, según los casos.

El aumento promedio para el interior del país para las categorías de menor consumo llega al 34 por ciento, según el esquema tarifario difundido por el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

"Nuestro objetivo no es aumentar las tarifas. Es reducir el costo de producción y generación tanto de gas como eléctrica, y mejorar la confiabilidad del sistema, tener presión de gas en invierno y menor cantidad de cortes en verano. La consecuencia de no haberlo hecho en los últimos 12 años es donde estamos, un sistema en crisis de la que estamos saliendo", justificó Aranguren.