En un dictamen presentado a la Corte Suprema, la jefa del Ministerio Público subrayó, además, que la líder de la "Tupac Amaru" tenía inmunidad de arresto como legisladora electa del Parlasur y que dicha condición no fue suspendida por los canales establecidos en la ley.

La presentación de la abogada se produjo a pedido de la propia Corte que el 14 de marzo último le "corrió vista" a la procuradora para que se pronuncie sobre la forma en que fue detenida Sala, quien permanece encarcelada desde hace más de un año.

La Corte analiza la situación de detención de Sala ante un planteo de la defensa de la jefa de la Tupac Amaru, quien tiene dos condenas en su contra y rechaza los motivos de la justicia jujeña para mantenerla bajo arresto ante la posibilidad de que su liberación resulte intimidante para testigos.

El dictamen de la Procuración no es vinculante, es decir que aunque Gils Carbó opina que Sala debe ser liberada, el máximo tribunal podría resolver lo contrario sin que ello implique nada en términos judiciales, explicaron fuentes tribunalicias.

La Corte fue llamada a intervenir sobre dos cuestiones esenciales: si la condición de diputada electa del Parlasur -cargo por el cual no llegó a jurar en Montevideo- le otorga a Sala fueros que impiden su detención y si la forma y el contexto en que fue detenida fue o no arbitrario.

Milagro Sala, jefa de la agrupación Tupac Amaru, está detenida desde enero de 2016 tras montar un campamento que impedía el ingreso a la Casa de Gobierno y el tránsito por la zona céntrica de Jujuy, tras lo cual la justicia dispuso su excarcelación por esa contravención pero mantuvo su arresto por otras causas más graves que estaban en curso.

En diciembre de 2016 fue condenada a tres años de prisión en suspenso como instigadora de daños agravados por un violento escrache que perpetraron sus seguidores contra el entonces senador Gerardo Morales y dirigentes radicales que cuestionaban la política económica del kirchnerismo.

También fue condenada a pagar una multa y realizar trabajos sociales sin habilitación para integrar organizaciones por tres años, a la vez que la justicia dispuso su procesamiento y prisión preventiva en las causas por aparente desvío de fondos nacionales que debían llegar a cooperativas para construir viviendas en la provincia y por la agresión contra dos dirigentes sociales cometida en 2006, entre otros.