La prohibición se extiende a los estadios de todo el país y se debe a que los barrabravas fueron procesados en febrero pasado por el juez Sebastián Ramos acusados de encubrir, junto a un jefe policial, la fuga de otro integrante de "La 12", Maximiliano Germán (Mey) Oetinger, a quien buscaban por el secuestro de un odontólogo jubilado, en abril de 2015.

"Teniendo en mira los antecedentes y comportamientos de los nombrados en ocasión de la disputa de un encuentro futbolístico, de público y notorio conocimiento, por otro lado, hacen concluir indefectiblemente y de manera objetiva que los citados son considerados como capaces de generar un riesgo que atente contra el normal desarrollo de un encuentro futbolístico, que al tratarse de un evento de asistencia masiva, conmueve al mantenimiento de la seguridad pública", señala la disposición.

La fuga de "Mey" Oetinger ocurrió el 19 de mayo de 2016, en la Bombonera, día en que Boca se enfrentaba a Nacional de Uruguay por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Al ser divisado en la tribuna, la Policía Antisecuestros esperó al barrabrava para detenerlo a la salida del estadio, tras la finalización del encuentro, pero Oetinger, ayudado por los acusados, se cambió de ropa y logró escapar a través del estacionamiento.

En esta investigación, el fiscal federal Paul Starc también investiga a un empleado de seguridad del club y al comisario general Guillermo Calviño, exsuperintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal.

Además de Di Zeo y Martín, la prohibición alcanza a Luis César Arrieta (DNI 23.551.005); Cristhian Leonardo Roblero (DNI 25.059.618); Carlos Cristian Santa Cruz (DNI 23.606.738); Eduardo Alberto Trípodi (DNI 18.010.913); Carlos Sebastián Maciel (DNI 23.473.591); Antonio Orlando Viñales (DNI 12.028.427); Ariel Maximiliano Pinazzi (DNI 30.724.593); Miguel Ángel De Santis (DNI 25.474.126); Gustavo Alberto Iglesias (DNI 20.842.048); y Eduardo Elías Aballay (DNI 17.709.821), todos en la "primera línea" de "La 12".

La medida se enmarca en la nueva legislación que dictó el Gobierno para combatir la violencia en el fútbol.

Entre otras cosas, dispuso que podrá prohibirse el ingreso a los estadios a toda persona "que se encuentre condenada, procesada o con auto de elevación a juicio".

También a quien "se encuentre sujeta a suspensión de juicio a prueba, respecto de delitos que hayan sido cometidos en el marco de la Ley N° 23.184 (Ley de Espectáculos Deportivos), o por cualquier otro delito cometido en el exterior, con motivo u ocasión de un espectáculo futbolístico".

Por su parte, el abogado de Di Zeo, Diego Storto, adelantó que presentarán un recurso de amparo y aseguró que el decreto es anticonstitucional. Además, manifestó que su detenido no tiene ningún antecedente como para que se le aplique este derecho de admisión.