Si bien el funcionario dijo que "no" opinará sobre los "fallos de la Corte", se opuso a la aplicación de la ley del 2x1 "en todos los casos" al considerar que "fue uno de los peores engendros jurídicos".

En declaraciones a radio La Red, Garavano señaló que la implementación del 2x1 en nuestro país evidencia "cómo los argentinos hacemos experimentos normativos y no analizamos las consecuencias de estas leyes que dictamos".

También evaluó que hay "un dilema moral" en esta cuestión basada en que "algunos consideran que es un retroceso y otros consideran que es una consagración, porque aún aquellas personas que cometieron los delitos más aberrantes también tienen derechos humanos y en esto también tenemos que ser muy cuidadosos. Ese creo que es el debate moral", afirmó.

Las declaraciones de Garavano marcan un contrapunto con las del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien aseguró que está "de acuerdo" con el fallo de la Corte.

"Estoy de acuerdo con el 2x1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley", subrayó el funcionario nacional. Al ser consultado sobre la decisión judicial del máximo tribunal que avaló la aplicación de esa ley en casos de delitos de lesa humanidad, Avruj señaló: "Acato lo que dijo la Corte Suprema sobre el 2x1".

Vale recordar que, por una mayoría de tres votos contra dos,la Corte declaró aplicable el beneficio del cómputo del 2x1 para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires.

La decisión de la mayoría constituida por los ministros Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sostuvo que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo y se aplica "siempre" a todos los delitos, sin distinción alguna.

Con este argumento, declaró aplicable al caso del represor condenado Luis Muiña la Ley 24.390 (conocida como 2x1), que estuvo vigente desde 1994 a 2001, cuando fue derogada, y que computa dos años por cada uno efectivamente preso a partir de los dos años de prisión preventiva.

En disidencia, votaron los jueces Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y Juan Carlos Maqueda, quienes argumentaron que ese beneficio no es aplicable a los condenados por delitos de lesa humanidad.