“Si este proceso judicial sigue por los carriles normales, Viglione se va a morir en la cárcel”. El abogado Julio Razona – exsecretario de Seguridad en la gestión del intendente Arroyo – fue tajante en conversación con Cazador de Noticias. “Se tiene que defender en el proceso penal, no en la televisión”, dijo luego de la entrevista que le concedió a Canal 10 desde la Cárcel de Batán.

“Yo recibí 65 – como particular damnificado – de las 87 denuncias que hay en contra de Viglione. Todas esas personas tienen derecho a participar en el juicio, ofrecer pruebas y exigir una indemnización”, explicó Razona sobre los damnificados que “son de todo el país, porque no solo engañaron a gente de Mar del Plata, sino también de Buenos Aires, Rosario, Chaco y hasta Tierra del Fuego”.

“Nosotros sostenemos que ésta era una banda criminal que se organizó para estafar gente, donde está Viglione y cuatro personas más: él, María Larsen su socio, hijo Luis Viglione, su esposa Claudia Fernández y Mariano Román. Ellos irán a juicio, posiblemente este año, pero es tan compleja la investigación”, detalló. A la vez, agregó que también han sido identificadas las personas que estafaban en Buenos Aires y Rosario: Diego Miranda y Patricia Bareta. “El fiscal resolvió que los investigará más adelante, para no atrasar esta investigación”, explicó.

En tanto, subrayó que “hay otras instancias procesales para pedir que la causa cambie a Asociación Ilícita” ya que actualmente está bajo la carátula de “Estafas reiteradas en concurso real”. En ese sentido, el abogado informó que “en este caso, se suma cada delito que se cometió pero la pena no puede exceder de los 50 años de prisión. Cada estafa se suma como hecho independiente, de hasta 6 años de prisión como máximo. Da una suma de casi 400 años de prisión, pero el Código Penal no lo permite, está claro”.

Por su parte, destacó el trabajo del fiscal Berlingeri quien “ha trabajado muchísimo y muy bien” y manifestó que “de los que represento, estamos hablando de una estafa de 5 millones de dólares, del resto no sé”. No obstante, aclaró que “muchos más que no se han presentado porque tienen temor de ser investigados por la AFIP, porque no saben cómo justificar el blanco de ese dinero”.

-¿Vio la entrevista que le realizaron en Canal 10?

-Sí, por supuesto. Lo único que hizo fue ejercer su derecho a defensa. Si este proceso sigue por los carriles normales, Viglione se va a morir en la cárcel. Él comenzó la nota diciendo que es víctima de Guaimea, otra organización criminal dedicada a estafar gente. Él omite decir que le hacía creer a la gente que abría cuenta en los Estados Unidos, que daba una supuesta factura que provenía de USA, pero él las mandaba a imprimir en Dorrego entre Luro y San Martín. Desde el año 90, no se hacen más recibos a mano, todo es vía internet. No existe el dinero físico. En cambio, siempre se manejaba con efectivo. Es más, muchos testigos cuentan que el poco dinero que él devolvía, tenían olor a humedad. Indudablemente lo tenía enterrado en algún lado. Se tiene que defender en el proceso penal, no en la televisión.

“Su presencia en la televisión ha generado un efecto contrario”, agregó Razona y mencionó un par de ejemplos repudiables. “A una anciana de 80 años le sacaron todos sus ahorros. Viglione y Larsen ,a la acompañaron al Banco Nación, con el cuento que iba a cerrar el Banco, y le sacaron 40 mil dólares. Es más, le hicieron el recibo en la parte superior de una revista”, dijo. “Hasta una familia les dio el dinero de la venta de una casa en Colina de Peralta Ramos con el objeto de comprar una más grande y ahora la están penando”, soltó con énfasis.

-Usted dijo que Viglione estaba protegido en la cárcel. ¿Sigue estándolo?

-Sí. Entregó un lote que no estaba a su nombre, lindero a su propiedad, firmando un boleto de compraventa a favor de un funcionario del servicio penitenciario. Lote que había comprado Viglione y que nunca le pagó al titular del dominio. También hay otro lote en Sierra de los Padres que quedó en manos de un jefe del Servicio Penitenciario. Además, el día que firmó esos boletos, firmó varios pagaré con fecha anterior a las deudas para autoejecutarse y no tener que pagarle a los verdaderos acreedores. Esto está denunciado ante el fiscal.

En este sentido, dejó en claro que “la mayoría de los internos tienen internet y acceso a teléfonos celulares, cuando siempre estuvo prohibido. No llama la atención que pasen estas cosas, pero no deja de ser un hecho delictivo comprar seguridad en el Penal. La coima está severamente penado por el Código Penal”.