La Cámara de Diputados convirtió en ley por unanimidad, con 219 votos, el régimen de Protección a las Víctimas de Delitos con derechos y garantías para su asistencia y participación en el proceso penal, con lo que da una "tutela efectiva" a su condición.

El jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, marcó al cabo de la sesión especial en la que se aceptaron los cambios que en revisión hizo el Senado al proyecto, que "con esta sanción venimos a reforzar el funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa" y el derecho de la víctima a participar en el proceso judicial, además de priorizar "el principio de no revictimización".

En tanto, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR- Cambiemos) destacó al inicio del debate, que duró poco más que dos horas, que los derechos que se le otorgan a la víctima "no son taxativos sino meramente enunciativos", ya que "se considera todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional como sumatoria de los mismos".

La iniciativa original fue impulsada el año pasado por el Frente Renovador-UNA como respuesta a episodios de violencia como los sufridos por Carolina Píparo quien, embarazada, fue baleada en una salidera bancaria en la ciudad de La Plata, y María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, uno de los pasajeros fallecidos en la tragedia ferroviaria de Once.

Por el FR-UNA, Graciela Camaño destacó que la ley "está cambiando un paradigma" en cuanto al tratamiento de la víctima de delito, en tanto que Mónica Litza sostuvo que en el bloque estaban "contentos porque estamos convirtiendo en ley este programa de asistencia integral a la víctima como sujeto de derechos".

Sergio Massa, antes que empezara a tratarse el asunto en el recinto, en una improvisada conferencia de prensa que ofreció en el salón de "Pasos Perdidos" abogó para que a partir de la sanción de la norma "el Estado se haga presente para proteger y ayudar a la víctima, para que no sea dos veces víctimas, del delincuente y de un Estado ausente".

La sesión fue seguida desde los palcos por representantes de organizaciones de víctimas y de familiares de víctimas, entre ellas "Madres del Dolor".

Margarita Stolbizer (GEN-1País), quien hace poco tiempo sufrió un violento asalto en su vivienda en la localidad de Morón, advirtió que "de ninguna manera nuestra tarea estará cumplida hasta que no podamos asegurar que no habrá más víctimas o se multipliquen las que están".

Por el FPV-PJ, sólo intervino en el debate Diana Conti, quien fue contra el discurso de Massa acerca de que los delincuentes en el actual sistema goza de más protección que las víctimas, y recordó que ella, como otros, desde hace décadas vienen acompañando a las víctimas de delitos de lesa humanidad y comunes desde el Congreso de la Nación.

Una de las novedades del programa para proteger a las víctimas es que se las habilita para ser querellante y se les otorga el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos, pedir la revisión de las actuaciones y a recibir asesoramiento legal durante todo el proceso.

Por otra parte, la autoridad interviniente queda obligada a notificar a las víctimas sobre todas las resoluciones tomadas durante la causa, obliga a que se les reciba la denuncia en forma "inmediata" y se incorpora la presunción de peligro para la víctima para su seguridad o de sus familiares.

A su vez, la ley dispone la creación de centros de Asistencia y Protección abiertos las 24 horas y da protección especial a personas discapacitadas, menores de edad, mayores de 70 años y también a las que tengan una relación de convivencia, dependencia económica, afectiva o laboral con el agresor.

Dentro de las modificaciones que hizo el Senado se incorporó a la norma la figura de un defensor público de la víctima, que tendrá que ser designado por cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el establecimiento de una red de letrados de la Defensoría General de la Nación que actuarán como defensores coadyuvantes.