"Los Ingenieros Agrónomos y Forestales bonaerenses estamos representados en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Bs As, entidad creada hace mas de 25 años que nuclea a todas las especialidades de la Ingeniería", dice un comunicado en el que las autoridades electas del DIA explican además que "la ingeniería agronómica no es una profesión particular que debe tener regulación independiente. Es una especialidad como cualquier otra", por lo que "este argumento no justifica la formación de un colegio independiente".

También advirtieron que "sería la puerta de acceso al desmembramiento de la institución y de otras de la misma naturaleza, creando micro entidades que les restarían representatividad, y no beneficiarían a la comunidad por cuanto inevitablemente, en lugar de homogeneizar intereses con puntos comunes, pondrían el acento en las diferencias originando pugnas estériles, con los consecuentes dispendios de recursos".

Como ejemplo, los profesionales matriculados citaron el caso de la Ley de Agroquímicos, que suelen presentar los promotores de la fragmentación del CIPBA como un argumento a su favor, y explicaron que "algunos Ingenieros Agrónomos logran evitar estar dentro de la legalidad debido a la falta de controles por parte de los organismos públicos responsables de ello", por lo que a pesar de que la normativa vigente "exige la intervención de un Ingeniero Agrónomo para aplicar fitosanitarios, la falta de controles por parte del organismo provincial de aplicación de dicha norma hace que el 95% de los agroquímicos se vendan y apliquen de manera ilegal, poniendo en serio riesgo la salud y la vida de todos los habitantes de nuestra provincia".

En ese sentido, remarcaron que lo que que hace falta no es u na nueva ley que regule la actividad de la ingeniería agronómica, sino mayor rigurosidad en los controles que se ejercen desde los organismos del Estado a la hora de exigir que la aplicación de pesticidas se realice bajo la supervisión de un profesional que ejerza legalmente su profesión, es decir que este matriculado en el CIPBA.

"Algunos Ingenieros Agrónomos no se inscriben en el CIPBA, como tampoco lo harían en el colegio que se pretende crear, simplemente porque hoy la matricula no se requiere en ningún ámbito público para ejercer la profesión", explicaron.

Lo llamativo de todo el planteo es que en pos de una "supuesta" mayor regulación, los promotores de la creación de un nuevo colegio admiten el ejercicio ilegal de la profesión, conducta que debería ser denunciada por los canales administrativos correspondientes y no utilizada como argumentos para debilitar a la entidad que brega por la defensa de los ingenieros.

Por eso, y como respuesta a algunas versiones periodísticas que circularon esta semana, los representantes de los ingenerios agrónomos bonaerenses ratificaron la calificación de “mamarracho jurídico”, al proyecto que lleva la firma del diputado Ricardo Lissalde, "por la liviandad y desprolijidad de su contenido y confusa redacción". Y subrayaron que "es inconstitucional, entre otras cosas, porque vulnera el artículo 40 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires", que reconoce los sistemas de cajas y seguridad social para profesionales.

En efecto del texto del proyecto no surge la obligatoriedad, para quienes se hallen matriculados en la futura entidad, de aportar a caja previsional específica, tampoco se halla en cabeza de la institución la obligación de controlar que sus matriculados cumplan con sus obligaciones previsionales, por lo que claramente la norma es violatoria de la constitución provincial.

Finalmente los profesionales ratificaron el compromiso con la defensa integral del ejercicio de la Ingeniería Agronómica en todo el territorio bonaerense y convocaron a los grupos y asociaciones que a acercarse al Colegio y debatir internamente todas las necesidades de cada sector, por entender que ese y no los medios de comunicación, debe ser el ámbito dónde se construya una sólida defensa de todos los matriculados.