La fiscal Federal de Esquel accedió al pedido de la familia del joven desaparecido hace 23 días. Ahora es desaparición forzada, el Gobierno nacional niega esa figura.
La Justicia modificó ayer la carátula de la investigación por la desaparición, de Santiago Maldonado, informaron fuentes judiciales.
Silvina Ávila, fiscal federal de la ciudad patagónica de Esquel consideró que la Justicia debe investigar el caso como un presunto delito de "desaparición forzada de personas" y no "averiguación de paradero", como se encontraba hasta hoy.
La fiscal aceptó un pedido de la familia del joven Santiago Maldonado, que a partir del testimonio de varias personas ante la Justicia asegura que el joven está desaparecido desde el 1 de agosto pasado luego de ser detenido por agentes de la Gendarmería, la fuerza que vigila las fronteras argentinas.
La modificación judicial pone el foco ahora sobre el rol que cumplieron los gendarmes durante la protesta de los mapuches en el Departamento Cushamen, en la provincia austral de Chubut, porque ya no se considera que Maldonado se encuentre extraviado, por ejemplo.
Por su parte, el Gobierno asegura que Maldonado no es víctima de una "desaparición forzada" porque, sostuvo, no estuvo en manos de las fuerza de seguridad. "No hay ningún indicio de que haya sido así", declaró hoy el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Argentina que "adopte las medidas necesarias" para hallar a Maldonado.
La CIDH planteó una medida cautelar luego de recibir denuncias acerca de que Maldonado fue visto por última vez "mientras era golpeado y cargado a una camioneta blanca de Gendarmería, en el marco de un operativo policial que habría tenido lugar en la comunidad mapuche Vuelta del Río Pu-Lof", indicó.