En relación al conflicto surgido a raíz de un corte provocado por un grupo de personas en el acceso al Predio de Disposición Final de Residuos, el intendente Carlos Fernando Arroyo -junto al subsecretario de Legal y Técnica Gustavo Gil de Muro- fijó posición este miércoles con respecto al fallo del Juez de Garantías Daniel De Marco tras la presentación de la fiscal Lorena Yrigoyen de la UFI Nº 12.

“Queríamos analizar los alcances de la decisión del juez, habida cuenta que se hace una interpretación de los hechos totalmente ajena a la realidad. Entendemos que el juez yerra en su decisión, porque falta a la verdad cuando manifiesta que es el Ejecutivo municipal quien impulsó la denuncia buscando una solución punitiva por sobre el diálogo o consenso político”, explicó Gil de Muro.

“Cuando la fiscal Yrigoyen hace la solicitud de lanzamiento al juez, dice: ‘se inician las presentes actuaciones en virtud de haber tomado conocimiento en la Comisaría 5º de la Policía Departamental en el día de ayer (por el martes) de que se estaría llevando a cabo en el predio de disposición final de residuos una manifestación”, afirmó.

“Esto es la demostración de que no fue el Municipio quien instó la denuncia penal. No fue la comuna quien judicializó la cuestión, ni fue quien buscó la solución punitiva. La policía intervino de oficio y dio intervención a la fiscalía, quien ordenó una serie de medidas, como por ejemplo convocar el 18 a una audiencia de mediación penal. A dicha audiencia concurrió Eduardo Leitao del EMSUR representando al municipio. Sin embargo los manifestantes no se hicieron presentes. Esto lo refleja la fiscal en uno de los motivos también para justificar el pedido de lanzamiento, porque considera que el Municipio no solamente había cumplimentado con todas las tareas acordadas a la anterior mediación penal, hace unos dos meses”, puntualizó Gil de Muro.

“Este martes ya se había trabajado intensamente en el predio y en el playón. Y se lo acondicionó. Entonces la fiscal argumenta la incomparecencia de los manifestantes a la mediación penal. Esto es otra clara demostración de que el Ejecutivo tenía voluntad de diálogo, de consenso político. Y fueron los manifestantes quienes no concurrieron a dialogar con el Ejecutivo”.

“No había motivos para mantener el corte. Así lo reflejó la fiscal y el Juez de Garantías omitió referirse al respecto, haciendo una interpretación equivocada, manifestando que no hubo intento de agotar la vía del diálogo por parte del Ejecutivo. Queda demostrado que no es asi. Y quiero dejar en claro que -contrariamente a lo que dice el señor juez- el conflicto se levantó por la solución política que llevo adelante esta administración, cuando salió la decisión judicial rechazando la orden de lanzamiento hoy, con posterioridad al mediodía, ya se había levantado el corte”, concluyó el responsable de Legal y Técnica.

ARROYO: “TODA LA CIUDAD HA SIDO SOMETIDA A UN CHANTAJE”

A su turno, el intendente señaló: “El juez interviniente habla en la sentencia de ‘una ínfima minoría’, al referirse a las diez personas que cortaron la entrada al predio. Es decir que el Juez le da prioridad a la protesta equivocada de diez personas contra la salud de un millón de habitantes. Toda la ciudad ha sido sometida a un chantaje, prácticamente. Esta es la realidad”, agregó.

En ese sentido, Arroyo adelantó: “Voy a hacer una presentación ante el Consejo de la Magistratura por esto, porque considero que la sentencia no tiene ni pies ni cabeza, es un dislate, no tiene ninguna lógica interna. Así no se puede seguir. Nosotros no hicimos nada. Intervino la policía y la fiscalía: hicieron bien su trabajo. Pero es evidente la intención política de meternos en un campo en el que no tenemos nada que ver”, afirmó.

En otro tramo de su alocución, Arroyo declaró que “da la sensación de que –evidentemente- hay otro tipo de razonamientos. Los manifestantes dicen que comen basura o que comen alimentos vencidos. Yo no ví que el juez haya tomado indagatoria a nadie para saber qué comen.”

“Nosotros queríamos que cesara el corte, porque -en realidad- el impedir un servicio público viola el articulo 194 del Código Penal. Estamos frente a la comisión de un delito. Eso está claro como el agua. De ahí a que no se lo quiera sancionar, es otra historia”, aseguró el intendente.

“Yo creo que el derecho de petición a las autoridades existe y es constitucional. Nadie lo negó nunca y lo vamos a respetar siempre, pero protestar no significa generar una situación de salubridad pública peligrosa para un millón de personas. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera largado a llover con todas las bolsas de basura en la calle, con los desagües tapados, las calles inundadas y todos los residuos esparcidos por la vía pública? El riesgo que corrió la ciudad fue enorme”, aseveró el Jefe comunal.

Finalmente, Arroyo afirmó que “el bloqueo se levantó por una negociación, porque entendieron que esto no daba para más. Había recicladores que querían que se terminara el tema. No todos estaban en esa tesitura. Yo creo que fue una medida irracional: no hay ningún derecho a una ciudad esté sometida a ese tipo de medidas en donde corra peligro la salud de toda una población porque a 10 ó 20 personas se les ocurra”.