Luego de conocerse que entre el 1º de septiembre y el 4 de octubre se recibieron 2.400 amenazas de bomba, las autoridades provinciales se encargaron de advertir que "una amenaza de bomba no es una broma", sino "un delito".

"Y si bien es un delito excarcelable, el gobierno de la Provincia decidió promover una demanda de daños y perjuicios contra los padres de aquellos menores que sean identificados como autores de estos hechos", dijeron las fuentes.

Ante cada llamada, se desplaza una logística que incluye a la Brigada de Explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, se alerta a hospitales públicos y las cuadrículas de la zona.

Por ello, según las fuentes, los costos que se generen "deberán ser cubierto por las demandas".

"Un llamado engañoso implica intimidación pública, un delito penado con dos a seis años de prisión. Con la tecnología con la que contamos es muy fácil rastrear de dónde provienen los llamados", advirtieron los voceros.