Los 24 procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Operaciones Contra el Crimen Organizado, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado

.“Los detenidos están acusados de cometer un fraude en perjuicio de la administración pública a través de una asociación ilícita integrada por varias personas que, por medio de presuntas jubilaciones adulteradas, causaron un perjuicio económico al Estado provincial en más de 40 millones de pesos”, dijo uno de los jefes policiales a cargo del procedimiento

.“La estafa consistía en tramitar jubilaciones falsas, siendo beneficiarios individuos de condición humilde, cuya función sería la de prestar nombres y apellidos, utilizando personas de distintos puntos geográficos de la provincia, que cobraban haberes como si fueran supuestos miembros del Poder Judicial”, explicó el jefe, quien aclaró que “se cobraban hasta $800.000 de retroactivo y un haber mensual de unos $46.000, que se repartían entre los imputados”.

Los investigadores determinaron que “los funcionarios involucrados del IPS habrían hecho maniobras mediante las cuales vulneraban los sistemas informáticos para crear beneficios apócrifos jubilatorios otorgados a sujetos que no tenían derechos, puesto que nunca habían trabajado ni habían efectuado aportes, tramitando las jubilaciones de manera irregular”.

“Muchos de las personas buscadas cambiaban de domicilio de manera reiterada para evitar ser atrapados” explicó otro de los jefes policiales, quien advirtió que “ras la investigación se pudo verificar el rol de cada uno en la organización ilícita”.

Entre los 20 detenidos se destacan un empleado que trabajaba en mesa de entradas del IPS en La Plata y un abogado que tenía su estudio en Necochea, ciudad donde se detuvo a la mayor cantidad de acusados.

En los allanamientos, donde participaron también efectivos de Policía Científica y móviles de Traslado y Custodia de Detenidos, se secuestraron documentación referida a la causa, máquina de contar billetes, dos armas de fuego, celulares, varias computadoras.

Para el éxito de la investigación resultó clave una profunda reunión de información de diferentes organismos públicos, privados y otras dependencia policiales como ser del Departamento de Inteligencia Criminal a través de la Base de Datos Unificada sobre el Crimen Organizado de la Provincia, verificación de identidad mediante el Departamento de ENLACE INTERPOL y la Dirección de Antecedentes Personales, junto con informes de las empresas de telefonía fija y telefonía móvil, cable, internet, luz, gas, etc.

Intervienen la U.F.I Nº 8 a cargo del Señor Agente Fiscal, Dr. Néstor Hugo Tesón y el Juzgado de Garantías N° 1 a cargo del Dr. Guillermo Federico.