En el país hubo, desde la sanción de la ley contra la trata de personas en abril de 2008, 213 sentencias. Y el primer lugar del ranking de jurisdicciones con mayor cantidad de veredictos, lo ocupa Mar del Plata con 25. De acuerdo a la lectura del fiscal coordinador de distrito, Daniel Adler, “la buena prevención genera una dinámica de visibilización de conflictos que lleva a mayor número de sentencias”. Asimismo, resulta de suma relevancia que además de las condenas se obtuvo, a requerimiento del MPF, la imposición de diversas multas económicas, el decomiso de automóviles y de dos inmuebles, lo cual permite recuperar en favor del Estado bienes utilizados para la comisión del delito.

Hace cinco años, aún antes de la modificación de la ley de diciembre de 2012, el fiscal junto la entonces defensora del Pueblo Beatriz Arza, y a Susana Méndez, psicóloga integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, impulsó la Mesa Interinstitucional contra la Trata, que viene trabajando desde entonces en la prevención y concientización de este delito en un espacio amplio y plural, donde se conjugan instituciones, organizaciones no gubernamentales y legisladores de distintos colores políticos. Entre las tantas tareas encaradas, se realizaron jornadas de visibilización, campañas en el estadio de fútbol, recitales, debates de candidatos y dos concursos de arte para estudiantes de escuelas secundarias.

Uno de los motivos de la conformación de esta Mesa era la preocupación por la situación de las víctimas, una vez que eran encontradas en los prostíbulos: la realidad marcaba que volvían al sistema prostibulario porque el Estado no garantizaba una alternativa de vida, de acuerdo lo establecido por las leyes vigentes. Con la intención de profundizar esa misión es que por Resolución, creó en Mar del Plata la primera oficina de Coordinación de Asistencia a las Víctimas en el marco de la Fiscalía General que conduce. La idea es articular los recursos estatales para darle un rol protagónico a la víctima en el marco del proceso penal, como lo establece no solo la normativa argentina, sino también las convenciones internacionales a las que el país adhiere (art 6 Protocolo de Palermo).

Mar del Plata se ubica primera en la nómina de 16 jurisdicciones con condenas por este delito. La siguen Mendoza con 21, Paraná con 19, Rosario, Salta y Comodoro Rivadavia con 18, Córdoba con 15, Capital Federal con 13, San Martín con 12, General Roca 11, La Plata y Bahía Blanca con 10, Tucumán 8, Posadas 7, Resistencia 6, y Corrientes 2.