Distintas versiones hablan de que las autoridades del gobierno provincial están evaluando transferir el porcentaje de participación estatal que tienen de la empresa generadora eléctrica, a manos privadas.

Centrales de la Costa es una Sociedad Anónima con mayoría de participación del Estado provincial y administra centrales eléctricas en la costa bonaerense, entre ellas la Central 9 de Julio de Mar del Plata.

Rigane explicó que “hace pocos días nos reunimos con el Presidente de la Empresa, el ingeniero Damián Andino, y le hicimos saber que nos íbamos a oponer a cualquier intento de privatización. Él nos dijo que no tenía conocimientos de esas versiones ni que fuera una iniciativa gubernamental”.

El dirigente explicó que “actualmente la empresa tiene el 30 por ciento de su parque generador nuevo, producto de las inversiones que se hicieron en la planta de Villa Gesell y los dos equipos nuevos en Mar del Plata, con la repotenciación que reclamamos durante 18 años y que se inauguró hace un año. El otro 70 por ciento tiene una larga vida de uso, en promedio de 40 años, vida útil ya cumplida. Ese parque generador nuevo, le posibilitó firmar nuevos contratos con CAMMESA (administradora del mercado mayorista eléctrico), y seguramente terminará este año equilibrada financieramente o con superávit. El déficit que dicen que es de 100 millones de pesos puede ser producto de la situación previa a la repotenciación y la no condonación de deuda a las generadoras, como sí tuvieron las empresas distribuidoras. Pero hoy la situación financiera es otra”.

También se habla de la posibilidad de despidos, porque tiene 300 trabajadores de más según esas versiones. Rigane confesó “no sé de dónde sale esa cifra que tiene trabajadores de más.

La empresa tiene alrededor de 480 trabajadores convencionalizados en total. En Mar del Plata hay cerca de 150 trabajadores convencionalizados. Puede haber más trabajadores, pero esos son cargos políticos, funcionarios jerárquicos, lo que es una decisión de cada gobierno y nada tenemos que ver los trabajadores. Actualmente la empresa funciona con el plantel mínimo operativo tanto técnico como administrativo”.

También detalló que la “la repotenciación que reclamábamos desde 1999, donde muchos nos decían que teníamos un interés propio en el ingreso de nuevos trabajadores, no significó el ingreso de ningún trabajador más producto de esas inversiones. La nueva tecnología tiene menos necesidad de mano de obra, menos mantenimiento”.

Para el dirigente, esta posibilidad de privatización “no sería la primera vez que en Argentina el Estado haga una inversión y luego le ceda los beneficios a un privado. Nosotros nos vamos a oponer a cualquier iniciativa de este tipo porque ya sabemos lo que significaron las privatizaciones en el ámbito energético, en los 90 y con el gobierno de Duhalde: reducción de personal, pérdidas de derechos laborales e incremento de las tarifas”.

Puede que sea un ensayo de las autoridades para ver cómo reaccionamos, pero este es un gobierno que tiene la política de ir contra los derechos de los trabajadores. Lo demostró a nivel provincial, con los bancarios y con los casineros. A nivel nacional hay despidos a mansalva en ámbitos estatales y privados y se está perjudicando la posibilidad de que Argentina se desarrolle en materia industrial porque está vaciando instituciones como el INTI o los organismos científico-técnicos. Es un panorama muy grave que debería hacer reaccionar la ciudadanía, porque no sólo estamos hablando de puestos de trabajo sino de la función estratégica de cualquier Estado que quiera desarrollarse”.