El funcionario judicial consideró que hay motivos suficientes para sospechar que el expresidente de la entidad agropecuaria pudo haber cometido algún ilícito al recibir ese dinero en efectivo poco después de asumir su cargo en el Poder Ejecutivo nacional y requirió investigar la posible comisión de un delito.

La causa se inició con una denuncia de Leonardo Martínez Herrero el 28 de diciembre de 2017. El abogado acusó al ministro de los posibles delitos de dádivas, negocios incompatibles con la función en el Estado y administración fraudulenta. Martínez Herrero cree que los $ 500.000 que recibió y luego devolvió por el escándalo que generó eran una "coima". Cerca del empresario entrerriano aseguran que era compensación por la pérdida de ingresos que sufrió al pasar a la función pública.

Públicamente, tanto Etchevehere como Marcos Peña negaron las acusaciones y aclararon se trató de una "liquidación final de su ex empleador", aunque surgieron dudas por la legalidad del cargo ocupado en la SRA, que supuestamente era ad honorem. La Oficina Anticorrupción de la exdiputada del PRO Laura Alonso dijo que "no había incompatibilidad", aunque todavía no emitió un despacho oficial.

"El bono que aprobó a la Comisión Directiva de la SRA no contempla aportes ni contribuciones, por lo tanto no puede ser salario. Además, el estatuto de la Sociedad Rural dice que los cargos son 'no rentados' y el Acta que se aprobó por 14 votos a favor y 11 en contra no dice que son salarios", aseguró el Martínez Herrero a este medio al presentar la denuncia.

Lo cierto es que el fiscal González "instó la acción penal" y pidió al juzgado federal N° 5 a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi la producción de diligencias relacionadas con la documentación para poder investigar si existió o no un delito.

Al ratificar la denuncia, el abogado pidió que Etchevehere aclare ante el juez De Giorgi la "forma" en que recibió y restituyó el dinero y que se cite a declarar a los directivos de la SRA que votaron a favor y en contra de darle el bono.