La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del área de Defensa del Consumidor volvió a pedir la recategorización del gas en la Audiencia Pública realizada en Bahía Blanca. En este marco, desde el área interviniente, se realizaron una serie de consideraciones del encuadre tarifario y los umbrales de consumo, considerando que aún se puede realizar un tratamiento más adecuado a la situación climática de General Pueyrredon. En su presentación como oradora, Tambascia hizo hincapié en cinco ejes temáticos: la necesidad de que Mar del Plata tenga una categorización justa y equitativa, el replanteo de la actual Tarifa Social Federal, se reiteró que el Enargas debe generar mecanismos necesarios a los efectos de controlar la transparencia y el cumplimiento de los planes de inversión de Camuzzi, se volvió a insistir en lo relativo al cumplimiento de los principios de gradualidad y progresividad a la hora de la fijación de las tarifas y se expuso la problemática del traslado de impuestos a los usuarios.

En este sentido, Veronica Tambascia comentó: “desde nuestro Municipio queremos realizar algunas consideraciones, en relación a la convocatoria que propone tratar el ajuste semestral del 2018 y la adecuación transitoria de tarifas de distribución y transporte de gas natural. Estamos convencidos, que aún se puede realizar un tratamiento más adecuado climática de General Pueyrredon”.

“En primer lugar – continuó - ratificamos la necesidad de una categorizacion justa y equitativa para el Partido de General Pueyrredon. El encuadre tarifario de nuestro Partido debe tener umbrales de consumo con otros de iguales condiciones meteorológicas, donde especialmente se tengan en cuenta los informes técnicos presentados en relación al comportamiento de los vientos, las temperaturas y las corrientes marítimas”.

Seguidamente, la funcionaria agregó que “por otra parte, si bien nuestro Partido se encuentra incluido en la subzona tarifaria Bahia Blanca, lo cierto es que la pertenencia a dicho grupo no luce equitativa. Dentro de dicho conjunto de partidos se encuentran localidades que no presentan condiciones isotérmicas equivalentes a las nuestras, lo que profundiza un trato desventajoso para los usuarios residenciales que habitan en el Partido de General Pueyrredón”.

Cabe señalar que toda política tarifaria –en especial la atinente a servicios públicos–, debe establecerse tomando parámetros que tiendan a su equidad y razonabilidad, es decir, las tarifas deben ser justas y razonables. Las últimas resoluciones de aumento de tarifas emitidas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, claramente generaron usuarios residenciales de Mar del Plata y Batán facturas con montos que resultan totalmente abusivos y desproporcionados.

“El clima en nuestra ciudad hace al menos dificultoso el ahorro de gas, ya que en el periodo invernal suelen registrarse temperaturas por debajo de los cero grados; además, resulta discriminatorio y excesivo que en la provincia de Buenos Aires se aplique el fuerte incremento sin ningún tipo de diferenciación, cuando en otras provincias poseen un cuadro tarifario más beneficios, fundado en su cercanía al sur del país, entre ellas, como Neuquén, Rio Negro, Chubut; sumado al caso emblemático de La Pampa”, agregó.

“Por imperio de las condiciones climáticas ya señaladas, ampliamente desfavorables”, continuó la funcionaria “la utilización de artefactos de gas durante toda la jornada se vuelve absolutamente imprescindible, sobre todo en hogares en los cuales se alojan niños y ancianos. Se suma a ello una preocupación adicional que es que estas condiciones adversas no se producen ocasionalmente, sino que abarcan la mayoría de las veces extensos períodos de tiempo”.

En base a esto, se solicita entonces que el ENARGAS readecue su posición y coloque al Partido de General Pueyrredón con umbrales de consumo mayores, especialmente cubriendo la mayor cantidad de usuarios que se encuentran actualmente en la categoría R3 (R31, 32, 33, 34): un 60%.

“Es claro entonces que General Pueyrredón es una zona fría, con cantidad de días con vientos fuertes, y con temperaturas bajas que van desde el inicio del otoño hasta fines de primavera – es normal que a fines de marzo se enciendan los calefactores y se apaguen los mismos finalizando noviembre, situación muy distinta al resto de las zonas que están categorizadas en las mismas clasificaciones”, aclaró Tambascia.

“Conforme lo expuesto, creemos que existen sobradas justificaciones para que sea ajustado correctamente la permanencia de General Pueyrredón a la categoría que corresponde según su condición meteorológica y climatológica”, concluyó.

En su presentación como oradora, Tambascia hizo especial hincapié en cinco ejes temáticos:

1) La necesidad de que Mar del Plata tenga una categorización justa y equitativa. Se remarcó que esto se viene pidiendo a través de distintos expedientes iniciados por el propio Intendente municipal, con abundantes pruebas en pos de otorgar la recategorización solicitada.

2) El replanteo de la actual Tarifa Social Federal. Se expuso que la nueva modalidad de este subsidio específico implementada desde fines del año pasado ha fijado un consumo base mínimo que resulta irrisorio para los clientes con lo cual, no se estaría cumpliendo el objetivo de proteger eficazmente a un grupo vulnerable con una real tarifa reducida.

3) Se reiteró que el Enargas debe generar mecanismos necesarios a los efectos de controlar la transparencia y el cumplimiento de los planes de inversión de Camuzzi, que contemplen las obras de extensión de la red necesarias para beneficiar a los marplatenses y batanenses que en la actualidad recurren al uso de la garrafa.

4) Se volvió a insistir en lo relativo al cumplimiento de los principios de gradualidad y progresividad a la hora de la fijación de las tarifas.

5) Finalmente se expuso la problemática del traslado de impuestos a los usuarios. Si bien la Resolución 4530/2017 del Enargas autorizó a la empresa Camuzzi a transferir la obligación de la Tasa de Seguridad e Higiene a los usuarios, solicitamos se revierta dicha decisión, en tanto que de esta forma la empresa le está traspasando al ciudadano lo que debería pagar ella misma como parte de su actividad comercial, con lo cual se está afectando a los intereses económicos del consumidor protegidos por nuestra Constitución Nacional.