El exfiscal federal, el marplatense Gustavo Demarchi, condenado a la pena de prisión perpetua por seis asesinatos y asociación ilícita en el marco de la causa donde se investigaron los crímenes de la Concertación Nacional Universitaria (CNU), es uno de los 1111 detenidos a los que el Gobierno Nacional sugirió para salir de prisión.

Así se desprende de un listado de hombres y mujeres que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) les envió a fines de enero a jueces penales para que analicen si les otorgan ese beneficio. Entre ellos, 96 condenados por delitos de lesa humanidad, como Jorge “El Tigre” Acosta y Julio “el Turco Julián” Simón, uno de los integrantes del “Clan Puccio”, homicidas, violadores y condenados por robo.

Son ocho listados con distintas categorías de detenidos en el sistema federal: “internos de lesa humanidad mayores de 70 años”, “internos comunes mayores de 70 años”, “nómina de internos autopercibidos como gays, lesbianas, bisexual, transgénero e intersexuales (LGBTI)”, “discapacitados”, “internas alojadas con hijos de hasta 10 años”, “alojadas con hijos”, “internas embarazadas” e “internos que cumplieron el requisito temporal para acceder al beneficio de libertad condicional”.

El 31 de enero pasado, el director general del Régimen Correccional del SPF, Fernando Martínez, le envió al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, presidido por el juez de Casación Federal Gustavo Hornos e integrado por magistrados, fiscales, organismos del estado de derechos humanos, la nota 309 junto con los ocho listados.

Los presos mayores de 70 años por delitos comunes con posibilidades de salir de prisión son 46. Entre ellos se encuentra Guillermo Fernández Laborda, integrante del "Clan Puccio", la banda liderada por Arquímedes Puccio que protagonizó una serie de secuestros en la década del 80. La Corte Suprema confirmó en 2015 la condena a prisión perpetua de Fernández Laborda.

Desde el gobierno de Mauricio Macri defendieron la medida. “Tenemos reuniones con jueces desde enero de 2016 para informales quienes son los presos que están en condiciones de acceder a la pulsera electrónica. Son todos los que están en condiciones. Ese listado se va actualizando y el objetivo es descomprimir la superpoblación que hay en las cárceles y lograr una mejor reinserción del detenido porque quien tiene pulsera electrónica cuenta con un asistente social y un psicólogo que los asiste”, señaló un funcionario que trabaja en el tema y que recalcó que la libertad de un detenido es "facultad del juez".

Según datos oficiales del SPF, hoy hay 11.994 personas detenidas en cárceles federales cuando la capacidad es para 11.577.

Entre los jueces hay enojo con la medida del Gobierno. "Nos quieren pasar a nosotros el problema de la superpoblación cuando es de ellos. Tomaron medidas que generaron más detenidos, como la ley de flagrancia", explicó uno.

Las libertades condicionales son a pedido de las defensas y los jueces no las pueden dictar de oficio. Eso sí pueden hacerlo en los casos de prisión domiciliaria con tobillera electrónica pero no es lo que suele ocurrir sino que resuelven ante el planteo de un detenido.

Otro juez hizo saber su enojo: "El mismo gobierno que nos putea y nos denuncian con juicio político por liberar a violadores nos piden que liberemos violadores".