Entre los fundamentos de la presentación, se argumenta que “los impuestos que se pagan en las facturas resultan confiscatorios”, y agrega que “el servicio de gas debe ser accesible para todas las personas, constituye el derecho a una vida digna y a la vivienda”.

“Nuestra postura contra los aumentos tiene que ver con la función de la Defensoría del Pueblo, que es la de garantizar los derechos de todos los bonaerenses. Pedir un crédito para pagar las facturas, que le interrumpan el servicio a gente con graves problemas de salud, son hechos totalmente inaceptables”, indicó Lorenzino.

Otras de las medidas que solicitó el Defensor a la Justicia, es la prohibición de liquidar de manera conjunta en la misma factura de gas, los consumos específicos de los usuarios y las cargas tributarias.