Como está planteada, la iniciativa limitará el acceso al caladero para este tipo de flota, disminuirá horas efectivas de pesca, reducirá la cantidad de kilos por cajón y, además, acotará el total de capturas por buque, agudizando la crisis económica que viene afectando al sector.

En los últimos años, el langostino se ha transformado en una de las pocas alternativas rentables para los barcos de la ciudad; pero ahora se pretenden modificar resoluciones vigentes que han permitido una explotación exitosa y creciente.

Debemos recordar que la Resolución 65/2016, dictada por el ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en el comienzo de la presidencia Macri, Ricardo Negri, ya fija una serie de límites a la operatoria, las cuales han funcionado en pos de sostener la calidad del recurso que llega a tierra.

Por ejemplo, los barcos fresqueros tienen un límite máximo de operación de 96 horas, contadas entre el inicio efectivo de la pesca hasta su finalización. Asimismo, deben realizar a bordo el tratamiento adecuado que mantenga la calidad y frescura del producto en cajones con hasta 18 kilogramos de langostino.

Los fundamentos de la mencionada resolución no solo no han variado, sino que se ha confirmado el acierto en virtud del constante crecimiento en volumen y calidad de las capturas. De las 17.800 toneladas descargadas en 1998, se pasó a 241 mil en 2017. En este marco, no existe motivo biológico, ni jurídico para modificarla.

Entendemos que cualquier alteración de las reglas de juego a veinte días del inicio de la temporada en aguas nacionales afectan no solo a la seguridad jurídica de las empresas, sino también a su competitividad e inversiones. Además, genera problemas con las tripulaciones, distorsiona contratos cerrados con frigoríficos del sur y la logística.

De avanzar en el seno del Consejo Federal Pesquero una resolución que cerciore los derechos a los buques fresqueros de Mar del Plata, le producirá un quebranto a la flota y le imposibilitará integrarse a la pesquería por resultarle antieconómico.

En definitiva, esto desabastecerá a las plantas de tierra que no cuentan con barcos propios, contradiciendo el espíritu de la Ley Federal de Pesca, que busca favorecer “…el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados hacia la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina”.