El pedido lleva las firmas de los defensores del Pueblo Fernano Rizzi, Walter Rodríguez y Fernando Cuesta, de la titular de la Dirección General de Protección al Consumidor, Verónica Tambascia, del titular de Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, de la secretaria de la Liga de Amas de Casa, Marisa Sánchez, de la presidenta de la Asociación de Consorcistas PH, Ana María Huertas y del presidente de la Asociación Civil de Usuarios bancarios Argentinos, Gerónimo Rossi. Las instituciones solicitaron al ENARGAS una reunión urgente para tratar la re categorización del Partido de General Pueyrredón.

Desde nuestra Confederación, no sólo acompañamos el reclamo, sino que adoptaremos las accione que resulten necesarias para dar solución a la población de Mar del Plata y Batán en éste sentido, atendiendo a la situación de vulnerabilidad socio económica que atraviesa nuestra ciudad tanto en relación a la facturación domiciliaria como en lo que respecta particularmente a las Cooperativas y a las PyMes, que ya están sufriendo el impacto altamente negativo de la suba en las facturas de servicios básicos como la energía eléctrica y el gas.

Atendiendo a las condiciones climáticas características de nuestra zona, con temperaturas bajo cero, y la influencia de los vientos y las corrientes marinas durante amplios períodos de tiempo, sumadas a la agraviante situación de la industria y la producción en Mar del Plata, creemos que es de vital importancia que nuestra ciudad tenga una categorización justa y equitativa, por lo cual es necesario el replanteo de la actual Tarifa Social Federal, y el cumplimiento de los principios de gradualidad y progresividad a la hora de la fijación de las tarifas, además de tener en cuenta que el encuadre tarifario de nuestro Partido debe regirse por los mismos umbrales de consumo que otros de iguales condiciones meteorológicas. Si bien General Pueyrredón se encuentra incluido en la subzona tarifaria Bahía Blanca, la pertenencia a dicho grupo no se ve reflejada de manera equitativa en las tarifas que reciben los vecinos, los comercios y las empresas.

Demandamos equidad y razonabilidad al momento de establecer los cuadros tarifarios y las categorizaciones, atendiendo a que la energía debe ser considerada como un derecho de los ciudadanos y un insumo necesario e insustituible para las áreas productivas.