A raíz de la inquietud expresada por vecinos, ante la intimación por parte del Municipio para que los vecinos frentistas procedan a la construcción o reparación de veredas en plazos perentorios, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon presentó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza, que establece un plazo de 90 días, para que los propietarios frentistas “procedan a la colocación y conservación en buen estado de aceras de sus respectivos frentes”.
Actualmente la Subsecretaría de Inspección General se encuentra realizando intimaciones para construcción y reparación de veredas, otorgando plazos breves y perentorios, para en caso de incumplimientos, elevar las actuaciones a los respectivos Juzgados de Faltas.
Los plazos que se están otorgando son de 10 días, lo que a juicio de la Defensoría del Pueblo resulta a todas luces insuficiente.
“Ante la dificultad económica que representa para muchos vecinos afrontar el costo de los trabajos y por añadidura una eventual multa, creemos pertinente unificar en todo el Partido de General Pueyrredón un plazo más extenso de 90 días, durante el cual no será necesaria la intimación y no se dará intervención a la Justicia Municipal de Faltas”.
La reparación de veredas es un objetivo primordial para mejorar la accesibilidad, la comunicación y la transitabilidad, debiéndose contemplar también la situación de quien debe hacerse cargo de los arreglos.
Según se recordó, la Ordenanza Nº 21.292, promulgada en 2013, crea en el ámbito del Partido de General Pueyrredón el Programa denominado “Propietario Responsable”. Entre sus objetivos del Programa se establece la construcción, conservación y mantenimiento de veredas que permitan mejorar los desplazamientos urbanos y el tránsito peatonal.
Son responsables del cumplimiento de las obligaciones el titular de dominio y/o toda otra persona que ejerza y/o explote la tenencia y posesión de los inmuebles.
Cuando se verifica la inobservancia de cualquiera de las obligaciones, la Municipalidad cursa intimación a él o los responsables a fin de que procedan a regularizar la situación detectada dentro de un plazo perentorio e improrrogable que se otorga a tales fines.