La norma retrotrae las tarifas a noviembre de 2017 y dispone que los aumentos no superen el índice de variación salarial para usuarios residenciales y el de precios mayoristas para las pymes, al tiempo que señala que las empresas deberán devolver lo que se cobró de más hasta el momento.

Para evitar que la ley termine en el veto presidencial, el oficialismo intentó hasta último momento bloquear la aprobación de la ley mediante una ausencia de senadores que dejara la sesión sin quórum y, de hecho, la sorpresiva retirada del puntano Adolfo Rodríguez Saá les dio una luz de esperanza.

Sin embargo, incluso los pocos senadores peronistas que no acompañaron el proyecto, como Rodolfo Urtubey o los miembros del Interbloque Federal, se mantuvieron inamovibles en su postura de no quitar quórum.

Los senadores de Cambiemos rechazaron el proyecto con el argumento de que tendrá un impacto fiscal negativo y que beneficia principalmente a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, al tiempo que criticaron el esquema de subsidios que mantuvo las tarifas baratas durante la gestión del kirchnerismo.

En la vereda de enfrente, el Bloque Justicialista, el kirchnerismo y otras bancadas opositoras argumentaron que los aumentos en gas, electricidad y agua corriente deben tener un límite y que el Gobierno tiene que rever su política energética, al tiempo que cuestionaron la situación general de la economía.