La decisión fue adoptada por el titular del juzgado federal 3 de Morón, Pablo Barral, quien acusó a María Isabel Santos Caballero (57), Juan Sebastián Marroquín Santos (40) –viuda e hijo de Escobar Gaviria- y al ex futbolista (50) de ser "partícipes necesarios del delito de lavado de activos agravado por tratarse una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza".

Según informó el sitio web fiscales.gob.ar, el juez trabó un embargo en los bienes de los tres imputados hasta cubrir la suma de 30 millones de pesos cada uno, y ordenó el embargo preventivo de un departamento ubicado en la localidad bonaerense de Vicente López, donde residía Marroquín Santos junto a su familia.

La decisión del magistrado coincidió con lo que habían solicitado el fiscal federal 1 de Morón, Sebastián Basso, quien realizó la investigación de esta causa junto a los responsables de las Procuradurías de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta.

Por el caso, también están acusados el supuesto jefe de la banda, José Piedrahita Ceballos (58) -detenido en Colombia-, el empresario argentino Mateo Corvo Dolcet (53), María de los Ángeles Verta (51), María Gabriela Sánchez (48), Esteban Adrián Delrio (54) y Antonio Pedro Ruiz (57).

Todo éstos están imputados de "lavado de activos agravado por ser realizado como miembro de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza".

La sospecha de los pesquisas es que la viuda y el hijo de Pablo Escobar cobraron una "comisión" para conectar al jefe de la organización, Piedrahíta Ceballos, con el empresario Corvo Dolcet.

Según los fiscales, Santos Caballero y su hijo "prestaron una contribución esencial en el lavado de 2.341.164 dólares y, en segundo lugar, a la comisión en coautoría de un hecho de lavado de 105.352 dólares".

Los investigadores están convencidos de que el colombiano Piedrahita Ceballos ingresó al mercado financiero argentino a través de Corvo Docet "más de tres millones de dólares estadounidenses y un millón y medio de pesos, los cuales se sospecha que los obtuvo por medio de las maniobras narcocriminales que concretó –cuanto menos- en la década de 1990".

Respecto a "Chicho" Serna, los fiscales creen que "una de las tantas formas en que el imputado Piedrahita Ceballos inyectó fondos en los proyectos liderados por Corvo Dolcet fue mediante el aporte de tres inmuebles que, con anterioridad, le había comprado" al ex futbolista.

Se trata de un lote del paraje denominado "El Campito" (actualmente Club de Campo San Diego de la localidad bonaerense de Moreno) y otros dos del "Barrio Terravista S.A.

Según surge de diferentes documentos, Serna entregó en 2008 la posesión de esas fincas a cambio de la suma de 650.000 dólares y la cancelación de un crédito propio contraído en Argentina por 78.000 dólares, deudas que fueron saldadas por Piedrahita Ceballos.

Los investigadores indicaron que "el precio pactado no se corresponde con la realidad histórica de los hechos" ya que el primero de los lotes Piedrahita Ceballos lo compró el 4 de noviembre de 2008 por 550.000 dólares y tan solo 15 días después acordó venderlo por 1.100.000.

La banda fue desbaratada a fines de septiembre del año pasado tras 34 operativos realizados en esta Capital Federal y el Gran Buenos Aires, entre ellos en el histórico "Café de los Angelitos", ubicado en Balvanera, y que se coordinaron con otros efectuados por la DEA en Estados Unidos y en Colombia, donde se apresó a Piedrahita Ceballos.

Por su parte, la viuda de Pablo Escobar (llamada legalmente Victoria Eugenia Henao Vallejo) y los dos hijos que tuvo con él -además del varón tiene una mujer- se radicaron en la Argentina a mediados de los 90, poco después de la muerte del capo narco, y todos ellos se cambiaron de nombre.

La estadía de la madre e hijos del capo narco recién se conoció públicamente en 1999, cuando Victoria y Juan Pablo Escobar Gaviria (los verdaderos nombres de los herederos de Pablo Escobar) fueron detenidos en su lujoso departamento del barrio porteño de Saavedra por falsificación de documento y lavado de dinero, causa en la que finalmente fueron sobreseídos en 2005.