El 9 de julio de 1977, durante los años más cruentos de la dictadura (1973-1990), Margarita Escobar llegó a tener a su hija al hospital Paula Jaraquemada de Santiago. Alcanzó a ver a su bebé unos instantes antes de que se la llevaran.

Cuatro décadas después relata que durante horas nadie le dio información sobre su hija y que cada tanto la inyectaban para mantenerla dormida.

“Cada vez que despertaba volvía a preguntar por ella, hasta que una matrona me dijo: tu guagua (bebé) nació muerta”.

Pidió verla para darle un beso pero no la dejaron. Después de eso “nadie me dio ningún papel, me mandaron para la casa. No sé cómo llegué; estaba totalmente dopada”, recuerda.

En el mismo hospital, en febrero de 1985, María Orellana dio a luz a un niño que llamó Cristián. “Alcancé a escuchar que era un varón; después me aplicaron una inyección y no supe más”, cuenta.

Durante días pidió ver a su hijo pero nadie le dio respuesta hasta que le informaron que había muerto. Tampoco la dejaron verlo. “Quédate con el recuerdo de tu guagüita, va a ser muy cruel que la veas”, recuerda que le dijeron en el hospital.

Al igual que Margarita, a María tampoco le dieron ningún papel ni le entregaron el cuerpo. “No hay nada, es como si yo no hubiera pasado por ese hospital”, recuerda hoy, empeñada como otras miles de madres en encontrar a su hijo.

El juez especial de causas de derechos humanos Mario Carroza realiza desde enero una extensa investigación sobre sustracción de menores centrada en los años de la dictadura, aunque, ante nuevas denuncias, la amplió hasta 2000.

Si bien se ha descartado el secuestro de niños como método represivo, como sucedió en Argentina, se cree que las condiciones de esa época facilitaron el actuar de grupos dedicados a “captar” niños para enviarlos al extranjero con fines económicos.

La modalidad se asemeja a la registrada en España, donde acaba de abrirse el primer juicio por un caso de bebés robados a sus madres para ser entregados a familias adoptivas, en una práctica que comenzó bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

Un rol protagónico lo jugaron asistentes sociales, religiosos, médicos o funcionarios de municipios u hospitales, que detectaban a madres vulnerables y luego sustraían a los niños o lograban bajo engaños que fueran dados en adopción.

La vigencia hasta 1988 de una ley que permitía borrar los orígenes de las familias biológicas contribuyó a fomentar la práctica en un país sumido en esos años en el silencio y el temor, explica la historiadora de la Universidad Austral Karen Alfaro.

No hay registros de la cantidad de niños enviados al extranjero. Según datos oficiales, entre 1973 y 1987 se registraron 26.611 adopciones en Chile pero no se sabe cuántos fueron llevados al exterior.

El juez Carroza ha logrado determinar que al menos 2.021 fueron adoptados en Suecia entre 1971 y 1992. Otros miles llegaron a Alemania, Francia, Italia, España, Holanda, Suiza, Estados Unidos, Uruguay y Perú. El valor pagado por cada niño equivalía a entre 3.000 y 5.000 dólares de hoy