Boudou estaba acusado de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Ya estuvo preso durante 70 días por el juez Ariel Lijo, quien lo investiga por enriquecimiento ilícito.

Además el tribunal le impuso una multa de 90 mil pesos e "inhabilitación perpetua" para ocupar cargos públicos

El tribunal también condenó a José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou, a cinco años y seis meses de prisión.

A Nicolás Ciccone, exdueño de la imprenta Ciccone, a cuatro años y seis meses, a Alejandro Vandenbroele, amigo de Núñez Carmona y considerado testaferro de Boudou para quedarse con la imprenta, fue condenado a dos años en prisión en suspenso. Considerado "partícipe necesario", su prisión no será de cumplimiento efectivo. Deberá realizar tareas comunitarias.

A Rafael Resnick Brenner, partícipe necesario de los delitos de tres años en suspenso, inhabilitación especial perpetua y costas, más tres años de tareas comunitarias no remuneradas en favor de una institución de bien público, 40 horas mensuales, fijar residencia y someters al cuidado de un patronato.

A Guido Forcieri, como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua y tres años de tareas comunitarias no remuneradas.

Además, los magistrados ordenaron la extracción de testimonios de la sentencia para averiguar la posible comisión del delito de falso testimonio de los testigos Gabriel Aimé Bianco (exdirectivo de Telefé, hoy dueño de Canal 10 de Mar del Plata) y de Lautaro Leonel Mauro y de la posible participación en los hechos del empresario marplatense, Rodolfo Martín Usuna.

En su defensa, Boudou apeló a argumentos políticos referidos a la gestión de los gobiernos Kirchner, en particular del que encabezó Cristina Fernández y del que fue vicepresidente.

En ese sentido entendió que la causa Ciccone en la que es juzgado es parte de una supuesta persecución política por haber sido quien impulsó la reestatización del sistema jubilatorio que afectó a las administradoras privadas AFJP.

Tras recordar que funcionarios del gobierno de Mauricio Macri fueron ejecutivos de las AFJP, Boudou sostuvo que se trata de “una revancha de clase, de aleccionar: que nadie se atreva a cambiar las cosas, Los políticos que llegan para cambiar la sociedad son perseguidos”.

Además dijo que la Argentina de hoy es “un país mucho más injusto” que el de finales de 2015 e hizo un detalle de los “hechos de justicia” impulsados por el kirchnerismo: la duplicación del número de jubilados, 70 por ciento de ellos mujeres; 5 millones de niños beneficiarios con la AUH; la entrega de 100 millones de notebooks.

También recordó la quita de 66% de la deuda en las negociaciones con los fondos “buitre”. “Todas cosas que se están resintiendo en estos años”, concluyó.