“Dicho trámite se encontraba exento de pago de derechos hasta el año pasado, y ahora se le estableció un monto que es absolutamente abusivo, irrazonable, desproporcionado y confiscatorio, apreciándose solo un afán recaudatorio”, señalaron desde la Defensoría del Pueblo

La queja se inició por parte de un vecino que a raíz del fallecimiento de su padre fue a realizar el trámite para inscripción de la transferencia.

Si bien es una decisión de política tributaria abandonar una eximición y establecer el pago de un derecho, el mismo no puede resultar desproporcionado con su fin, ni generar una tributación a todas luces irracional que ponga en riesgo la fuente de trabajo como en este caso.

El derecho establecido resulta injustificado, y coloca al presentante ante la imposibilidad de abonarlo y por lo tanto le restringe la posibilidad de gozar de un derecho como el derecho a trabajar y el derecho de propiedad.

“Por tal motivo, nos dirigimos al Concejo sugiriendo tenga a bien rever lo aprobado oportunamente y disponga, o bien reintegrar la eximición por el trámite mencionado, o bien establecer un monto de valor del derecho, acorde con la realidad que estamos viviendo y acorde con una tributación lógica”, concluyeron los Defensores.